El Juez condena a un ex miembro del consejo de Sa Nostra a indemnizarla con 34 millones de euros

Palma de Mallorca

El juez de lo Mercantil número 2 de Palma ha condenado a Rafael Oliver Roca, ex miembro del consejo de administración de Invernostra, la división inmobiliaria de Sa Nostra., a pagar al Banco Mare Nostrum y a su filial Innostrum cerca de 34 millones y medio de euros. Todo por una fallida operación inmobiliaria en el distrito financiero de Miami que Sa Nostra puso en marcha en 2007 y que le hizo perder 50 millones de dolares.

Se trata de la primera sentencia en Baleares contra un alto directivo de banca por la que que debe responder personalmente de un agujero millonario provocado por una operación inversora aprobada en su día por la entidad bancaria. Le hace pagar la cantidad perdida (32 millones de euros) más los intereses  

El propio Banco Mare Nostrum, en el que se integró Sa Nostra en 2010, llevó la operación a tribunales en 2013 con una demanda de acción social de responsabilidad. La demanda hace referencia a una operación inmobiliaria que llevo a cabo su filial Invernostra, y que recibía el nombre de Proyecto Brickell. Su propósito era la ejecución de tres proyectos inmobiliarios en Estados Unidos, en concreto en Miami y Las Vegas. Para ello, Invernostra debía invertir 50 millones de dólares.

La pretensión de la demanda, estimada respecto a Oliver Roca, es que como administrador restituya al patrimonio de la entidad el valor del daño causado como consecuencia de una actuación u omisión antijuridica en el desempeño del cargo. La sentencia considera probado que los demandados actuaron de forma negligente, ya que el proyecto presentado ante el consejo de administración no se correspondía con la situación real del momento y no realizaron las averiguaciones necesarias. Todo ello abocó a Invernostra a sufrir un daño valorado en 50 millones de dolares (34.292.160 euros).

La sentencia absuelve al segundo demandado, el ex director general de Sa Nostra, Pere Batle, por prescripción, al haber transcurrido más de cuatro años desde que cesó en su cargo hasta que se presentó la demanda. La resolución no es firme y puede interponerse recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Balears.