Archivan la causa contra Luis Guerrero por su contrato en el Centro de Flamenco

Málaga

El caso fue abierto a instancias de la fiscalía el pasado 18 de abril a Luciano Alonso y Luis Guerrero en calidad de investigados por el presunto delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa por el nombramiento, en agosto de 2012, de Luis Guerrero como director del Centro Andaluz de Flamenco con sede en Jerez, un puesto del que cobró pero que nunca llegó a ocupar.

En el momento de la apertura de las diligencias de investigación se señaló que Luis Guerrero Jiménez, afiliado al Partido Socialista Obrero Español de Málaga y miembro de su ejecutiva, cesó del puesto que ocupaba como personal eventual en la Diputación de Málaga, momento en que el también Luciano Alonso Alonso, en aquel momento Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, decidió nombrarle Director del Centro Andaluz del Flamenco ( CAF) con sede en Jerez de la Frontera a sabiendas de que el designado con carácter eventual en ningún caso iba a desempeñar el cargo designado.

Pero tras la declaración de Guerrero y Alonso, además de diversos testigos y la recepción de los informes de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y de la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Consejería de Cultura, la Sala del TSJA considera que el nombramiento de Guerrero fue previo a su renuncia del cargo que ostentaba en la Diputación de Málaga, que lo fue a instancias de Luciano Alonso y que no fue Guerrero quien pidió el puesto en el CAF. Que, de hecho, a Guerrero no se le informó del nombramiento en el CAF sino como asesor adscrito a la Consejería de Cultura. Que Guerrero nunca desempeño el cargo pero sí ocupó un puesto en el Centro Andaluz de las Letras con sede en Málaga donde sí ejerció sus funciones.

El magistrado concluye en el auto que “Luis Guerrero cobró un sueldo con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía mediante la atribución de un puesto de trabajo con contenido prestacional real, y que la actividad efectivamente desplegada no puede considerarse ajena a la función pública.

En este sentido, señala que “el hecho de que el contenido concreto de las funciones por las que se le retribuyó no sean las propias del puesto para el que fue nombrado puede, acaso, denotar una ilegalidad en el nombramiento (lo que se valorará en otro momento), pero no desde luego un delito de malversación del que el Sr. Guerrero resulte responsable o beneficiario, puesto que conforme a jurisprudencia consolidada no constituye malversación de caudales públicos el destino de fondos a finalidades diferentes de las previstas presupuestariamente, siempre que éstas redunden en beneficio del interés público, siendo así que el fortalecimiento de determinadas iniciativas culturales en la provincia de Málaga es una decisión de carácter político que en sí misma no podría calificarse como ilegal o ilegítima, al margen del juicio que puedan merecer los medios empleados para ello”.

Causa archivada para Luis Guerrero pero que continúa para el ex Consejero de Cultura, Luciano Alonso, ahora por un solo delito de prevaricación administrativa.