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El fiscal del Caso Alvia no descarta nuevas imputaciones cuando finalice la instrucción

Aida Pena y Antonio Roma antes de empezar la entrevista / Radio Galicia-Cadena SER

El fiscal del caso Alvia, Antonio Roma, considera que no es “descartable ni confirmable” que se amplíe el número de acusados cuando finalice la instrucción, reabierta por mandato de la Audiencia Provincial de A Coruña. “Estamos en un momento de pericias que por definición tienen un resultado incierto; vamos a esperar”.

En una entrevista en la Cadena SER, Roma aseguró no sentirse “enmendado” por esa decisión de la Audiencia, algo que “forma parte de la tramitación ordinaria de los procedimientos”. Considera “frecuente” que los criterios del fiscal no coincidan con los del instructor o con el de la propia audiencia.

Sí le parece “lógico” la declaración de caso complejo, ya que hay “muchas partes personadas” y habrá que practicar “con mucha calma y criterio” las nuevas diligencias y las que se pueden derivar de esos informes periciales.

Entrevista al fiscal Antonio Roma

14:15

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  • ni blancos, ni negros

El fiscal no “percibe” que el auto de la Audiencia cuestione la seguridad de la vía; para él, el tribunal define, por un lado, la investigación penal y, por otro, la seguridad ferroviaria. “El objeto de la investigación es determinar la existencia de delitos, pero no podemos hacer una mejora en el futuro de la seguridad ferroviaria sin investigar si las circunstancias del accidente permiten afirmar la existencia de responsabilidades penales”.

“En la instrucción se han investigado ya muchos parámetros que tienen que ver con la vía, con el vehículo y con la relación entre los dos; muchos los ha descartado la Audiencia. Ahora hay que concluir aquello que ha pedido que se investigue”, aseguró.

“IGUAL SE NOS ESCAPA ALGÚN PROCEDIMIENTO”

Roma admite que la justicia vive un “momento complicado” por los nuevos tiempos marcados por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primer problema es saber cuántas causas se encuentran en esta situación. “El número que sabemos no es cierto porque la estadística judicial cambia cada día. Con las herramientas informáticas que tenemos, los fiscales no podemos saber cuántas causas hay en los juzgados; los juzgados sí saben más o menos cuánto tienen, pero cuadrar todo, ver cada causa y explorarlas es complicado de gestionar.

La norma “no es la más adecuada” y tampoco es “del gusto en general de quienes aplicamos la justicia”. Como integrante del Consejo Fiscal, Roma cree que está “mal encajada en nuestro sistema judicial”. “La Ley de Enjuiciamiento Criminal funciona con criterios anteriores a 1882, cuando fue aprobada”; desde entonces, ha sufrido “remiendos que la han hecho poco consistente en algunos puntos”.

Considera que estamos en un momento de indefinición jurídica porque la audiencia y el fiscal pueden no estar de acuerdo sobre la declaración de una causa como compleja. “El encaje de todo el artículo en el esquema y la mentalidad judicial es difícil de comprender” ya que “lo que hace es cambiar la filosofía” al proceder de un proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que “la dirección de la investigación, aún con matices y demasiados recortes, le correspondía al fiscal”.

Sin embargo, ese punto “está mal ejecutado” y, aunque la causa “pertenece al juzgado”, no explica “cómo viaja el papel hasta allí desde la fiscalía”. Roma aseguró que, pese al proyecto de “papel cero” de la administración, “ningún procedimiento está hoy fuera del papel”. “Cada comunidad autónoma tiene su aplicación informática y la fiscalía tiene otra; son expedientes digitales incompletos y de mentira porque no tienen toda la causa. Al final, el que vale es el papel”.

Preguntado sobre la posibilidad que haya casos de corrupción que se queden en ese “limbo”, admitió que “podrán aparecer algunos”, pero “no los más llamativos”. “Hay un número de cifras que han ido bailando y muchos procedimientos; igual alguno se nos escapa”.

A Roma le preocupa más lo que va a suceder a partir de ahora que lo que ya ha sucedido. “Las causas que vencen después de los seis meses que se cumplían el 6 de junio nos generan una situación de indefinición jurídica porque no sabemos lo que va a pasar con las diligencias que se practiquen después, fuera de plazo. A lo mejor unas audiencias dicen blanco y otras negro; nos va a generar cierta confusión”.

 
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