Arturo García Tizón fue advertido en dos ocasiones de un delito de desobediencia a la justicia
Hasta después de las Elecciones Municipales no acató dos autos en los que se le advertía de la paralización judicial de las obras en el Yacimiento Ciudad de Vascos de Navalmorajo
Imagen del Barco de la Diputación de Toledo / Televisión Asturias
Toledo
El ex presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García Tizón, fue advertido en dos ocasiones de un delito de desobediencia a la Justicia por no atender la paralización cautelar del proyecto para el Yacimiento de Ciudad de Vascos. Un proyecto que fue recurrido por la propiedad de los terrenos afectados a los que la sentencia ha dado la razón
El vicepresidente de la institución, Fernando Muñóz, ha recordado que el proyecto de intervención en el yacimiento Ciudad de Vascos fue paralizado cautelarmente en noviembre de 2014, auto al que hizo caso omiso el entonces presidente y promotor, Arturo García Tizón. El diputado Santiago García Aranda ha desvelado que en marzo de 2015, Tizón fue notificado por el Tribunal Superior de Justicia de un delito de desobediencia y dos meses después advertido de la intervención de la guardia civil, si no atendía los requerimientos.
Tizón, número dos del PP al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones, solo acató los autos el 29 de mayo pasado, camino ya de la oposición, según informa García Aranda
El Buque se contrató después de la paralización judicial del proyecto
Fue en febrero de 2015 cuando se contrató con Astilleros Gondan el catamarán, que ya está terminado, a pesar de la paralización y los apercibimientos. El PSOE, hoy en el gobierno de la institución, denuncia que este proyecto para Ciudad de Vascos es "un engaño, una treta y una artimaña" porque no se hizo ningún estudio de viabilidad, que ha sido encargado recientemente, y el barco para la nueva ruta fluvial de acceso al yacimiento se contrató y construyó sin haber solicitado el permiso de navegación por río Huso.
El vicepresidente de la Diputación, Fernando Muñoz, ha valorado la sentencia del TSJ que anula la urgencia de la expropiación de los terrenos afectados por este proyecto y afirma que es un auténtico disparate, porque "en tiempos de necesidad y de crisis económica" la Diputación gobernada por el PP gastó tres millones de euros en obras ya ejecutadas, cuyo futuro está pendiente de una decisión "que se se adoptará con mucha prudencia y con arreglo a lo que informen los técnicos"
