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Todas las posibilidades abiertas

Hasta el 1 de julio se puede recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJA que anula la adjudicación del servicio de autobús a la empresa AUZSA. El equipo de gobierno tomará una decisión en función del informe que emitan los servicios jurídicos municipales

Alberto Cubero, concejal de Servicios Públicos / Radio Zaragoza

Alberto Cubero, concejal de Servicios Públicos

Zaragoza

El equipo de gobierno municipal sigue estudiando las posibles repercusiones de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anula la concesión del servicio de autobuses a AUZSA en el año 2013. Zaragoza en Común ha solicitado un informe a los servicios jurídicos antes de tomar cualquier decisión; un informe que estará "en dos o tres días", según el portavoz municipal, Fernando Rivarés. El 1 de julio es el último día para poder recurrir ante el Tribunal Supremo. Y hasta que ese informe esté listo, todas las posibilidades se mantienen abiertas: "Vamos a ver qué dice el informe jurídico y las consecuencias económicas y jurídicas",  y "después tomaremos una decisión política, de recurrir, de no recurrir; los caminos son todos". 

 Según el consejero de servicios Públicos, Alberto Cubero, llueve sobre mojado "pero es grave también porque viene sembrar más dudas sobre un proceso  que ya tenía de por sí muchas dudas", como "la adjudicación de Auzsa, donde ya un juez dijo que había oscuridad en ese pliego de condiciones, donde hay admitido a trámite un recurso de este gobierno sobre el pago de los despidos".  

Cautela en la oposición

Mucha prudencia en los grupos de la oposición ante esta sentencia que todos consideran un nuevo revés para las arcas municipales. Y mientras, expectantes también ante el informe que elaboren los servicios jurídicos y que será clave para adoptar una u otra solución.

Los más críticos, los concejales de CHA, porque remarcan que esta situación de pliegos con requisitos restrictivos ya la advirtieron en el año 2013 en un pleno. 

Desde el PSOE, apuntan que la decisión de recurrir o no dependerá de lo que digan los servicios jurídicos y quien no augura "nada bueno" es el Partido Popular y "existe la posibilidad de que haya que repetir el concurso y  significaría que haya una espada de Damocles encima de la cabeza de los impuestos de los zaragozanos para tener que pagar el lucro cesante a la empresa a la que se adjudicó el contrato", ha explicado Jorge Azcón.  

Mucho más prudentes se muestran desde Ciudadanos, que piden a Zaragoza en Común un análisis concreto de la situación, aunque creen que lo lógico es recurrir. 

"Ya no hay excusa posible"

La cooperativa de trabajadores califican la decisión del TSJA como un revulsivo. El portavoz y presidente del comité, Javier Anadón, espera que el consistorio no recurra la sentencia "y que apliquen el programa electoral". En este momento, "ya no hay excusa posible" para la remunicipalización del servicio porque, durante la huelga, el equipo de gobierno señaló en innumerables ocasiones que no podía aplicar este procedimiento al estar la contrata firmada hasta el 2023. Ahora "ha dicho el juzgado que no, que está mal hecha y que no le tenía que haber correspondido". 

La cooperativa estudiará continuar adelante y presentarse si hay un concurso. Considera que el servicio podría salir más barato, aunque hubiera que contratar plantilla y "hay que crear puestos de trabajo porque estamos haciendo más de 3.000 horas extraordinarias cada mes". 

Nuevo nombramiento

 AUZSA, por su parte, en un comunicado, hace oficial la noticia que ayer, domingo, les adelantó la Cadena SER: El relevo del actual Director de la empresa en Zaragoza, Manuel Ramo.

A partir del 1 de septiembre asumirá la Direccion de Urbanos de Avanza para la Península Ibérica. Su lugar lo ocupará, como ya adelantó Radio Zaragoza, Juan Abel Arias, un ingeniero de caminos, canales y puertos de 41 años, que lleva en la compañía más de 16. La empresa está estudiando la sentencia en profundidad, antes de decidir si la recurre.

Consecuencias de la sentencia

La sentencia, aseguran desde el ayuntamiento, tendrá repercusiones jurídicas y económicas.  Para el catedrático en Derecho Administrativo, José Bermejo, las primeras serían económicas en el caso de que hubiera que indemnizar a a la empresa concesionaria, es decir, AUZSA, porque "no tiene la culpa de que el acuerdo que aprobó los pliegos de condiciones haya sido anulado por un tribunal". Se mostraba cauto, porque es difícil saber si un recurso ante el Supremo por parte de AUZSA o del ayuntamiento, podría prosperar ya que "los juristas somos flexibles en la interpretación de la ley". 

 

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