"Alguien está pagando de más por esa plaza en la residencia de mayores"

Las Palmas

Una familia de Agüimes ha denunciado que el Ayuntamiento le está cobrando de más por una plaza subvencionada en la residencia de mayores del municipio grancanario. Eugenio Dávila tiene a su madre dependiente en ese lugar desde el año 2011 y en 2013 logró que el Gobierno de Canarias le reconociera una ayuda enmarcada en la Ley de Dependencia.

Sin embargo, asegura este vecino con recibos bancarios en la mano, desde entonces y hasta hoy se le carga el coste de la plaza por 1.222 euros al mes, por lo que no se le está descontando la subvención que dejaría el copago en 232 mensuales. Si lo miramos anualmente, a su madre se le cobra 14.400 euros cuando se le debería pedir solo 2.200 euros por estar su plaza subvencionada.

"Esto significa que hemos estado pagando mucho más anualmente durante los últimos tres años". Se pregunta dónde está el dinero entonces porque el ejecutivo regional sí ha estado pagando la subvención "Alguien está falsificando los números", asegura Dávila, que añade que lo mismo ocurre con otras seis familias más de la residencia.

El consistorio asegura que es todo regular.

Desde el Ayuntamiento se señala que no hay nada irregular. Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, deja claro que no se ha cobrado ni un céntimo de más a los usuarios: "es todo regular". Lo que sí reconoce es que, cuando el Gobierno modificó la manera de otorgar las ayudas de la Dependencia y éstas pasaron de ser génericas a tener nombres y apellidos, en el consistorio se cambió la ordenanza para que las plazas fueran más económicas para todos los residentes.

"Hasta hace dos años el Ayuntamiento recibía 250.000 euros, que se distribuían entre los 70 usuarios, con lo que los beneficiarios en vez de pagar 1.800 euros pagan 1.200", señaló el primer edil.

El Gobierno de Canarias investiga.

Al salir a la luz estas denuncias de la familia, la vicepresidenta y consejera de Política Social del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, ha confirmado que el ejecutivo, a través de la Ley de Dependencia y en convenio con el Cabildo de Gran Canaria, paga gran parte de la plaza en la residencia.

"Lo que debe pagar esta familia son 2.800 euros al año a razón de 232 euros al mes, no hay ninguna razón por la que deban pagar otra cantidad", señala la consejera regional. "Así que o bien el dinero de los ciudadanos o bien el del Gobierno de Canarias no se está utilizando para pagar esa plaza", añade.

Patricia Hernández asegura que el caso está en manos de los servicios jurídicos para ver cómo proceder pero se compromete a que habrá una solución para este asunto: "El Gobierno está para garantizar que se cumplan los derechos individuales que refleja la Ley de Dependencia", concluye.