La justicia reclamará a Alcobendas medio millón de euros
El ayuntamiento se encuentra entre las 2.200 entidades que se lucraron del fraude de Mutua Universal en la época del gobierno del PSOE
Fachada del ayuntamiento de Alcobendas / SER Madrid Norte
Alcobendas
En las conclusiones provisionales del fiscal a las que ha tenido acceso SER Madrid Norte se indica que las entidades que se beneficiaron de los “extornos ilícitos” – 2.200 en todo el país - son responsables civiles “en cuanto a partícipes a título lucrativo” y tendrán que devolver los 195 millones de euros que recibieron de la mutua en un presunto fraude a la Seguridad Social.
Los extornos – término utilizado por los peritos judiciales para hablar de la devolución de parte de las cuotas a la Seguridad Social – se habrían producido entre 1998 y 2007, año en el que se inicio la investigación judicial por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
En concreto en el caso de Alcobendas, el ayuntamiento mantuvo durante años el servicio de mutualidad con esta entidad. Ahora el fiscal reclama al consistorio 507.961 euros, cantidad que se habría desviado presuntamente por parte de Mutua Universal.
Según estas conclusiones del procedimiento judicial, los dirigentes de Mutua Universal devolvieron a sus mutualistas cantidades correspondientes a sus cuotas a la seguridad social de modo indebido y con la intención de captarlos o fidelizarlos. Además según el fiscal la empresa se expandió a costa del patrimonio de la Seguridad Social creando y manteniendo un entramado societario que prestó servicios a terceros y a la propia Mutua Universal en un claro conflicto de intereses y en perjuicio del erario público.
Las devoluciones se producían según el fiscal en metálico, con servicios extras sanitarios, productos de farmacia o directamente con prebendas a los directivos de las empresas e instituciones.
Entre las administraciones e instituciones afectadas se encuentra no solo el ayuntamiento de Alcobendas también los consistorios de Roquetas de Mar, Mijas o Lucena, la Diputación Provincial de Málaga, el gobierno de la Rioja, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid e incluso la Universitat de Barcelona.
