La nueva ley de vivienda potenciará el arrendamiento y la rehabilitación

Pamplona

El vicepresidente de Políticas Sociales, Miguel Laparra, ha presentado  la proposición de ley consensuada con los cuatro grupos que sustenta al Gobierno de Navarra para una nueva política de vivienda que haga "efectivo" el derecho a la misma a toda la ciudadanía.

La norma, que Laparra espera que esté aprobada en octubre, es "un elemento esencial en la reforma de la política de vivienda" a la que acompañarán otras iniciativas como la reforma de la bolsa de alquiler para aumentarla en 1.600 en cinco años.

Se trata de darle "un contenido más social para garantizar el derecho a todas las personas y en especial a las más desfavorecidas", al tiempo que se consigue "un impacto económico importante", cifrado en 10,3 millones de euros anuales de media entre 2017 y 2019 y 1.800 empleos al año por promoción de nueva vivienda y rehabilitación.

Para la elaboración de la iniciativa se ha pedido opinión también a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y se ha firmado un acuerdo con la Asociación de Constructores y Promotores que "avala su viabilidad" y aporta "transparencia",

Con el fin de "hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada" la proposición quiere impulsar el alquiler protegido a través de un descenso de los precios y la promoción de nueva vivienda, y facilitar la rehabilitación con requisitos más flexibles para el acceso a las ayudas y la mejora de subvenciones.

Otras medidas pasan por estimular la promoción de nuevas viviendas a través de cooperativas, regular la "cesión en uso" como nueva fórmula de tenencia, favorecer la participación pública en el diseño de las políticas de vivienda y mejorar la eficiencia energética de los inmuebles.

Así, recoge un descenso de las rentas de entre un 8,05 y un 14,67 % respecto de los precios de 2015, la congelación de cuantías en 2017 y la actualización en ejercicios posteriores en el IPC.

De esta manera el precio inicial máximo de renta aplicable a los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas protegidas será en la Comarca de Pamplona de 5,40 euros el metros cuadrado útil de vivienda, y de 5,10 en el resto de navarra, y de 60 euros la plaza del garaje y de 2 euros el metro útil de trastero y otros anejos en toda la comunidad.

Además las subvenciones serán de entre un 23 y un 30 % para la promoción de viviendas nuevas en alquiler protegido y del 50 % para las entidades locales que rehabiliten sus viviendas vacías para destinarlas al alquiler.

Para impulso la rehabilitación protegida de edificios y viviendas se incrementando también, de entre un 5 y un 40 % según los casos, y se suprime el requisito de no disponer de otra vivienda para acceder a ellas.

Asimismo mejoran las subvenciones dirigidas a mayores de 65 años y jóvenes, personas con discapacidad motriz grave, familias numerosas, víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo; baja la cuantía mínima a gastar en las obras de rehabilitación para que sean subvencionables; y establecer ayudas específicas para inmuebles adquiridos del programa de vivienda de integración social o que sean propiedad de perceptores de renta de inclusión social.

La proposición de ley incluye igualmente la constitución de cooperativas para promover viviendas protegidas en localidades de menos de 10.000 habitantes fuera de la Comarca de Pamplona, y la promoción de vivienda protegida por asociaciones sin ánimo de lucro en régimen de cesión de uso indefinido para sus asociados.

Por último el testo prevé la elaboración de un plan de vivienda de Navarra y la creación como órgano consultivo del Consejo de la Vivienda, la calificación energética como mínimo B a las promociones protegidas a partir del 1 de enero, mejorar las ayudas para la envolvente térmica, calefacciones y agua caliente sanitaria centralizadas, y puntuar más en el baremo a personas desahuciadas.

Para Geroa Bai, ha dicho Isabel Aramburu, "es una conquista mas del Gobierno del cambio para el conjunto de la sociedad en un ámbito de trascendencia", mientras que Asun Fernández de Garaialde, de EH Bildu, ha sostenido que el derecho a la salud, que "nadie se cuestiona", abarca no solo sanidad sino también alimentación, trabajo y vivienda.

Mikel Buil, de Podemos, se ha mostrado satisfecho porque este modelo permite poner fin a los desahucios, uno y medio cada día, bajar precios y recuperar "cierta soberanía", para lo que ha instado a colaborar a sociedad, ayuntamientos y profesionales, y José Miguel Nuin, de I-E, ha subrayado que la vivienda será "un derecho de la ciudadanía y no un negocio especulativo que ha traído corrupción y crisis",