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Jueves, 12 de Diciembre de 2019

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El Ayuntamiento adopta nuevos acuerdos para recuperar los 20 millones del Zambrana

Manuel Saravia asegura que "hay posibilidades" para la recuperación del dinero desembolsado por las 5,3 hectáreas, pero precisa que es un proceso muy complejo, que durará años

Parcela situada junto al colegio Zambrana /

Acuerdo encaminado -éste es el objetivo- a recuperar los 20 millones de euros que el Ayuntamiento tuvo que desembolsar por las 5,3 hectáreas de la finca Zambrana. A los trámites iniciados en su día para anular la devolución de los terrenos a los propietarios, algo que aprobó la Junta de Castilla y León sin contar con el Ayuntamiento de Valladolid, se suman las acciones para la revisión de oficio del acuerdo de la Comisión Territorial de Valoración, que en 2012, sin ninguna alegación, fijó el justiprecio del suelo en 16 millones 774.000 euros.

El 24 de febrero de 2012 los herederos solicitaron la fijación del justiprecio por la parcela. El 21 de junio de ese año la Comisión Territorial de Valoración acordó fijar el justiprecio en 16.774.328,12 euros, "que debería ser abonada por el Ayuntamiento en el caso de que la expropiación resultara procedente, junto con los intereses legales".

Un juzgado de Valladolid  condenó al Ayuntamiento al pago de los 16,7 millones y 838.000 euros en concepto de intereses de demora. En 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la sentencia.

" Ha supuesto un grave quebranto para la hacienda municipal". Este es uno de los aspectos que se recogen en el documento elaborado por el jefe de la Sección de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Valladolid.

El concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, insistió en la SER en que "es un proceso complicado, con muchas carambolas, que puede durar 10 años".

Además de la anulación del valor de los terrenos, el Ayuntamiento mantiene un litigio paralelo contrario a la reversión del suelo. 

El 13 de enero de 2015, por unanimidad, el Ayuntamiento acordó el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales  para obtener la revisión de oficio y subsiguiente nulidad de dichas actuaciones porque se consideraban las actuaciones administrativas, previas a la expropiación , "gravemente lesivas para los intereses municipales".

 En la actualidad está pendiente el recurso de casación ante el Tribunal Supremo por el que los herederos reclaman el pago de 96 millones de euros

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