Interior advierte de que la ley vasca de víctimas policiales vulnera la Constitución

Vitoria

La amenaza de suspensión sobrevuela sobre el proyecto de Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas de Represión Ilícita entre 1978 y 1999 que el Parlamento vasco tiene previsto aprobar el próximo mes de julio tras el acuerdo alcanzado PNV y EH Bildu.

Un informe remitido a la Cámara de Vitoria por el Ministerio de Interior alerta de que varios artículos vulneran la Constitución y que las atribuciones otorgadas a la Comisión de Valoración, encargada de reconocer la condición de víctima, "infringe varias competencias exclusivas estatales".

En concreto, se avisa de que la no exigencia de una sentencia o resolución administrativa que reconozca una vulneración de los derechos humanos "invade las reservas del Estado" porque se trata de "funciones que sólo pueden ejercerse por jueces y tribunales".

La ausencia de sentencias puede dar lugar además a "reexaminar" causas ya juzgadas, incluidas las que han terminado en absolución, pero "sin las mismas garantías". "El reconocimiento de vulneraciones de derechos humanos al margen de un procedimiento judicial -e incluso en contradicción con sentencias absolutorias- sin duda socava el principio de exclusividad de la función jurisdiccional del Estado", señala el informe.

En consonancia con lo anterior, también avisa que las resoluciones de la Comisión y el "derecho a la verdad" recogidos en la ley pueden violar el derecho fundamental al honor, la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado relacionados con estos casos.

Además, el Ministerio cuestiona la potestad de la Comisión de "requerir" a otras administraciones "antecedentes, datos o informes" para tramitar los expedientes ya que "implica posibles obligaciones a entidades y personal dependiente de la Administración General del Estado", cuando "el principio constitucional de cooperación no ampara extralimitaciones competenciales".

La ley en cuestión da continuidad al decreto de junio de 2012 que da cobertura a las víctimas policiales del período 1960-1978 que fue recurrido por la Abogacía del Estado por no exigir pruebas fehacientes de las lesiones sufridas, por lo que el Gobierno vasco decidió que la cobertura a las víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999 tuviera rango de ley para darle mayor seguridad jurídica.

Sin embargo, el informe remitido por el Ministerio de Interior cuestiona esas garantías y alimenta la posibilidad de un nuevo recurso de inconstitucionalidad que podría dejar en suspenso la ley.