La Fiscalía archiva las diligencias por pactar precios

Bilbao

El caso se destapó cuando la Autoridad Vasca de la Competencia hizo pública una sanción de 18 millones de euros a ocho empresas que, en los últimos diez años, han prestado el servicio de comedores escolares en la escuela pública. Según la Autoridad Vasca de la Competencia, las empresas se habían puesto de acuerdo para repartirse el mercado de los comedores fijando los precios de los servicios que prestan. Una concertación conocida como “cartel” que llegó al Parlamento y que finalmente fue trasladada también a la Fiscalía por si hubiera responsabilidad penal alguna y es ahora cuando, según hemos podido saber, la Fiscalía ha remitido el decreto por el que archiva las diligencias abiertas.

En el documento de 8 folios al que hemos tenido acceso en la SER, el Fiscal Superior de Euskadi, Juan Calparsoro, asegura que “las conductas objeto de estas diligencias han sido investigadas, analizadas y sancionadas por la autoridad administrativa competente”. Asegura que dicha autoridad ha considerado que “estamos ante ilícitos administrativos, imponiendo las correspondientes sanciones”, que han sido recurridas ante los tribunales de los Contencioso-Administrativo. Reconoce Juan Calparsoro en este decreto que “la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia se basa en pruebas de presunciones o indicios para justificar la sanción”, mientras que en Derecho Penal rigen los principios de in dubio pro reo “y de presunción de inocencia”, exigiéndose unas condiciones más “estrictas para considerar probado” un delito.

Por todo ello, para el Fiscal Superior de Euskadi “no se han acreditado indicios de los delitos” que dieron lugar a la formación de estas diligencias. Tampoco considera que “aparecen indicios de participación de autoridades administrativas o de otras personas particulares en estos delitos”. A su juicio, “se han proferido conjeturas, sospechas y reproches, que son lícitos en la esfera del debate de políticas públicas, pero que no bastan para atribuir responsabilidades penales”.

Así pues, la Fiscalía Superior de Euskadi acuerda el archivo de estas diligencias de investigación por entender que no existen indicios de responsabilidad penal. El decreto es firme y no cabe recurso alguno.