La nueva renta garantizada llegará a 33.000 personas en Navarra

Pamplona

El Gobierno de Navarra ha aprobado  el proyecto de ley que regula una nueva renta básica garantizada y el derecho a la inclusión, con el que calcula que llegará a 33.000 personas para favorecer la integración sociolaboral y luchar contra la pobreza infantil y de las personas mayores.

Esta nueva prestación, que sustituirá a la actual renta de inclusión social, supondrá una inversión de 18,8 millones hasta 2018 y "es el ejemplo perfecto de la prioridad social del Gobierno del cambio y las cuatro fuerzas que lo sustentan para avanzar hacia una sociedad más cohesionada", ha indicado en conferencia de prensa el vicepresidente de Políticas Sociales, Miguel Laparra.

Del montante total de gasto previsto, "asumible" en un presupuesto de 3.500 millones, 5,08 millones corresponden a deducciones fiscales y 13,72 a un mayor gasto social, especialmente en 2017 con 11,3 millones.

Un dinero que mejorará la cobertura y las cuantías que reciben actualmente unas 25.000 personas, el 80 % de las perceptoras de la renta de inclusión social, aunque otras 5.000, el 20 % de los actuales perceptores, personas que viven solas, verán reducida su prestación de 655 a 600 euros mensuales y los mayores de 65 años pero podrán tener una deducción fiscal por su pensión no contributiva.

El proyecto mejora la renta de inclusión social vigente para aquellas familias con dos o más miembros ya que las cuantías iban de 655 a 983 euros y pasan de 600 hasta 1.200 euros y las importes se actualizarán automáticamente con el IPC de Navarra o con la variación del salario medio de la Comunidad Foral, según sea el mas ventajoso.

Además, la nueva ley permitirá acceder a la renta garantizada a otras 2.800 personas al extenderse la prestación a mayores de 65 años, eliminar el requisito de permiso legal de residencia para acceder a la ayuda, extenderse a familias con menores a cargo que lleven solo un año de residencia en Navarra, y abrir la posibilidad de prorrogar la renta garantizada más allá de 36 meses si persiste la situación de necesidad.

Para Laparra se trata de un proyecto de ley de "importancia trascendental" para "combatir la pobreza severa, mejorar la cohesión social y procurar la integración social y laboral del conjunto de la sociedad navarra", al tiempo que se avanza en la igualdad de género con las prestaciones previstas para las mujeres.

Un proyecto que ha pasado un proceso participativo y que, ha dicho, hace a Navarra "pionera" en el Estado y la sitúa entre las posiciones "más avanzadas" de la UE con un modelo que apuesta por el "desarrollo equilibrado" entre la economía, el empleo y la cohesión social y que es además "una compensación a una deuda" con los sectores que lo están pasando peor en los último años.

Entre las sugerencias aceptadas, el vicepresidente se ha referido a la actualización periódica del Plan de Inclusión que se elabore, a la rebaja de los requisitos para acceder a la renta garantizada por parte de las unidades familiares encabezadas por personas con edades entre 18 y 24 años.

Ha valorado también que el texto recoja no solo el derecho a una prestación sino también el derecho a la inclusión social y laboral con estímulos al empleo, entre otras medidas.

Asi señala por ejemplo que en el caso de que una unidad familiar haya sido perceptora de la renta garantizada durante dos años, desde las administraciones públicas se le deberá ofrecer, y una de las personas beneficiarias aceptar, un empleo social protegido u otra opción de trabajo y/o formación.

También se plantean durante los tres primeros años de entrada en vigor de la nueva ley una serie de estímulos al empleo mediante incentivos económicos, de modo que si un perceptor de la renta garantizada obtiene un empleo inferior a 30 días, podrá compatibilizar sus ingresos con esta prestación sin afectar a la cuantía.

Las personas que quieran acceder a esta nueva prestación deberán carecer de ingresos y de un patrimonio suficiente, deberán acreditar una residencia efectiva en Navarra de al menos dos años o de uno para unidades familiares con menores.

Cuando más de una unidad familiar conviva en un mismo domicilio, cada una de ellas recibirá la renta garantizada que le corresponda hasta un máximo de tres. Hasta ahora, independientemente del número de familias que compartieran domicilio, solo se percibía una renta y media.

Y de manera excepcional, las unidades familiares con una situación de exclusión social grave podrán acceder a la renta garantizada aunque no cumplan alguno de los requisitos