¿Libertad para abortar?

Ciudad Real

En un día en el que hemos conocido que países como Francia amplían de forma imperante la libertad de la mujer, sin apenas requisitos ni cortapisas, para detener un embarazo no deseado les queremos contar como se vive en Ciudad Real una decisión así.

Desde colectivos feministas nos llegaba una denuncia sobre la situación de acoso que sufren las mujeres que quieren abortar en Ciudad Real: a las puertas de la clínica Cire de Miguelturra un grupo de activistas que se autodenominan pro-vida, esperan cada martes a aquellos que llegan para abortar.

Hasta allí nos desplazamos dos redactores de Cadena SER haciéndonos pasar por una pareja joven. Pueden escuchar un fragmento muy reducido de la conversación, conseguimos entrar a la clínica pasados ya unos 10 minutos. Respetuosos si, pero muy insistentes y reduciendo la valía de la mujer simplemente a la posibilidad de ser madre. En el interior de la clínica hablamos con los profesionales que denuncian el acoso al que se someten sus pacientes . Salimos de la clínica, y ahora si, les contamos a los activistas que somos periodistas; como van a escuchar, también de forma resumida, siguen defendiendo su labor. Pueden escuchar aquí los fragmentos de sonido:

Y sin embargo tal y como marca la ley que regula el aborto, llegar a este punto implica ya mucha información y muchos pasos dados puesto que las embarazadas pueden abortar libremente hasta la semana 14 de gestación, siempre que se las haya informado sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y que hayan pasado al menos tres días desde que se le aportó dicha información. "Excepcionalmente" puede interrumpirse el embarazo hasta la vigésimo segunda semana: en los casos que haya riesgo de la salud o la vida de la mujer o graves anomalías en el feto. En esas circunstancias es necesario un dictamen emitido por médicos distintos al que vaya a practicar o dirigir la intervención. Para que una joven de 16 y 17 años pueda interrumpir su embarazo será preciso, "además de la manifestación de su voluntad, el consentimiento expreso de los titulares de la patria potestad". ¿Y qué ocurre en caso de conflicto o cuando la decisión de los representantes legales pueda poner en peligro el "interés superior" del menor? La reforma remite en esas circunstancias a lo establecido en el Código Civil, que viene a establecer que será un juez quien decida