“Los okupas son los del ‘fondo hiena’ de Fidere que comen carroña financiera”

Madrid

Con seguridad y firmeza y a ratos con emoción, la representante de los afectados por la venta de pisos sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) le ha puesto cara y voz este viernes a la angustia, al sufrimiento y a la incertidumbre de las familias. De las que aún viven de alquiler en esas viviendas que un día fueron sociales y también de las que han sido expulsadas por no poder pagar el recibo.

La presidenta de la Asociación de Afectados, Arancha Mejías, ha defendido que los okupas son los del "fondo hiena" Fidere, que suben progresivamente los alquileres supuestamente sociales un 43% y limitados únicamente a tres años, cuando algunas de las promociones tenían derecho a la compra pasados diez ejercicios.

Arancha vive en una urbanización de Carabanchel, cuyo contrato vence en octubre. Por el alquiler pagaba 700 euros, cantidad a la que ahora tendrá que ir sumando una subida de un 15 por ciento el primer año, un 10 el segundo y un 12 el tercero. Además tienen que volver a pagar la fianza que ya pagaron a la EMVS cuando comenzaron sus alquileres.

"No pedimos caridad", ha remarcado. "Son condiciones leoninas si quieres quedarte en el que es tu hogar desde hace diez años, o asumes las condiciones o te vas del piso”. La venta a Fidere es un "caramelo para los fondos de inversión" porque ella, tras una década, lleva pagados 70.000 euros mientras que el fondo de inversión se hizo con su casa por 60.000. "Son las más caras de la historia", ha ironizado.

Supuestos impagos

La presidenta de la plataforma ha tratado de rebatir el argumento que dio la empresa para reducir varios millones en el cobro por parte de Fidere ante la supuesta elevada tasa de impagos en los alquileres. Ella sostiene que se ha desahuciado a inquilinos que jamás se habían retrasado en el pago, especialmente "a los más reivindicativos de la asociación". También ha apuntado que los inquilinos que trae Fidere pagan menos que los procedentes de la EMVS.

"La EMVS tiene que amparar a los ciudadanos pero vendió las viviendas a un fondo de inversión para hacer negocio con morosos, o bichos, dentro. Ellos (la EMVS) no desahucian para que Ana Botella no quedara mal", ha lanzado.

Sí tiene constancia de que en alguna urbanización se ha producido okupaciones por parte de familias pero ha indicado que los okupas son los responsables de Fidere. "Siento que los okupas son ellos, que han okupado mi casa. Con el anterior gobierno han venido a okupar", ha alegado.

Tratamiento farmacológico

Mejías también ha asegurado ante representantes de Ciudadanos, PSOE y Ahora Madrid, porque "el PP hoy estaría ocupado", que nadie de la EMVS les informó de la venta a Fidere ni de sus consecuencias. El resultado es que les han "hipotecado la vida" y se ha traducido en que algunos afectados se ven obligados a seguir un tratamiento farmacológico por la "ansiedad" generada.

La venta se produjo cuando los contratos iban a empezar a vencer a los pocos meses. La EMVS no les informó oficialmente, se enteraron por un enorme cartel instalado y por el cambio en el recibo, donde la empresa municipal fue sustituida por el "fondo hiena" Fidere, "que se come la carroña financiera y se ríe de los inquilinos".

Mejías entiende que el fondo de inversión quiere hacer negocio "porque no son una ONG" pero sí tenía que velar la EMVS por la función social y la situación de los vecinos. "Mi casero es un fondo de inversión, que dicen que no entienden lo social, que no son una ONG", ha apostillado.

Una vez que Fidere es quien aparece en los recibos, únicamente han hecho "lavados de cara" cuando vienen dirigentes del fondo, ninguna inversión nueva, pero aun así les suben en su promoción los gastos de comunidad hasta llegar a los 110 euros mensuales, según su relato.

"Carabanchel no es la Milla de Oro, a lo mejor va a ser la Moraleja 2", ha ironizado antes de decir que todavía siguen buscando la piscina cubierta que debería al menos haber con un recibo de esas cantidades.

Medidas legales y políticas

La presidenta de la asociación ha pedido al Ayuntamiento que inicie las debidas medidas legales contra el anterior Gobierno", como ya ha avanzado el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, porque "hay una responsabilidad política".

Arancha Mejías ha pedido al Ayuntamiento que tome las medidas políticas y jurídicas oportunas para poner freno a una situación "sangrante". No ha querido acabar sin citar el caso de su vecino Dionisio, con una discapacidad de más del 80 por ciento y que no puede irse a cualquier sitio, una vez que sea desahuciado.

Previamente, el Ayuntamiento de Madrid anunciaba que emprenderá acciones judiciales contra los administradores de la EMVS. Sánchez Mato comunicaba esta decisión al concluir la comparecencia de la exinterventora municipal, Beatriz Vigo, que se ha ratificado en sus informes pero ha asegurado que no recordaba con exactitud los reparos que puso a la operación.

"Hay base jurídica para muchas cosas, pero especialmente para una actuación contra los administradores de una sociedad que desde luego no han velado por el correcto funcionamiento de la misma, ni por su patrimonio. Evidentemente, según mi conocimiento, limitado, pero suficiente para este caso, hay base para actuaciones judiciales y no les quepa la menor duda que las ejecutaremos", ha asegurado el delegado.

Ayer se publicó el informe definitivo de la Cámara de Cuentas, que determinaba que en las operaciones de venta se prescindió de la aplicación de las instrucciones internas de contratación.

Este informe analiza las operaciones de venta de 6.844 inmuebles con protección -de los que 2.956 son viviendas-, cuyo precio total ascendió a 261,88 millones de euros. Según ese organismo, la venta se realizó "sin la existencia de pliegos de condiciones" y "sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar", que se fijó "por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores".

Esto supone, según la Cámara de Cuentas, "la no aplicación de los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos". En el caso de las viviendas vendidas a Fidere, el informe apunta que fueron los interesados en la compra los que fijaron el precio de venta que finalmente fue aceptado por el órgano de contratación, sin que se conociese el "valor objetivo de mercado de los bienes a enajenar".

"De lo que estamos hablando es de irregularidades que pueden incluso suponer actuaciones penales, o sea, vulneraciones del código penal, por supuesto también de actuaciones que han vulnerado las normas mercantiles", ha advertido sobre ese asunto Carlos Sánchez Mato. No obstante, ha comentado que para poder revertir la situación (es decir, para que las viviendas vendidas regresen a manos municipales) habría que ir por la vía del Derecho Civil, porque "incluso una actuación delictiva que haya tenido como resultado un desastre para la EMVS podría hacer imposible la devolución de esas viviendas al patrimonio de todos y todas".

"Por lo tanto esa parte, la que es menos sencilla de probar, es la que seguimos estudiando porque desde luego los otros dos elementos, las obligaciones mercantiles y penales, parecen bastante claras", ha afirmado. Sobre la actuación de la intervención del Ayuntamiento en ese caso, Carlos Sánchez Mato ha dicho que "ha sido absolutamente incapaz de detectar los problemas".

Piden la reapertura del caso

Una vez conocido el informe de la Cámara de Cuentas, la portavoz de Urbanismo del grupo socialista, Mercedes González, también ha adelantado que van a solicitar la reapertura judicial del caso que fue sobreseído de forma provisional.

El abogado de la Asociación de Afectados, José Mariano Benítez de Lugo, también ha defendido que hay bases para declarar la "plena nulidad" de la venta de los 1.860. El veterano letrado ha lamentado la "mala suerte en la lotería judicial", que hizo que el juez "frenara" seguir adelante en el caso de la enajenación de la EMVS, después de personarse en la causa. La paradoja judicial es que en el caso del IVIMA sí aparecen como imputados, ahora investigados, los exdirectores gerentes de dicha empresa, Juan Van-Halen y Ana Gomendio.

Benítez de Lugo entró en contacto con el caso de la mano del exportavoz socialista en el Ayuntamiento, Jaime Lissavetzky. De la denuncia del PSOE pasó a presentar una querella en nombre de los vecinos. Ahora, con el informe definitivo de la Cámara de Cuentas, espera que se reabra el proceso judicial.

La venta, en palabras del abogado, "no era necesaria" y lo que se hizo fue "un regalo a ese fondo de inversión", después de deslizar "las numerosas relaciones del fondo de inversión con la familia Aznar-Botella". Tampoco ha olvidado el "menoscabo" que la enajenación supuso para la EMVS. A los concejales en la comisión, de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos ante la ausencia del PP, les ha pedido solución a esta "infamia". "Voy a ir a muerte con la nulidad de la operación", apostillaba.

Nueva sesión

La sociedad Fidere está llamada a comparecer el 15 de julio en la siguiente sesión de la comisión de investigación. Además esta empresa, están llamados a pasar por la Casa de Cisneros dentro de 15 días los representantes de BNP Paribas, Ferrovial, Urban y Canary Top GV.

En la sesión de este viernes, a la que tampoco han asistido los concejales del PP, han comparecido todos los que habían sido citados, como el que fuera responsable de los servicios jurídicos de la EMVS, Rafael Requena; la exinterventora del Ayuntamiento, Beatriz Vigo Martín, o la representación de PriceWaterhouseCoopers.