Fiscalía y Abogacía del Tribunal de Cuentas mantienen que hubo responsabilidad contable
Ambas instituciones remiten sus conclusiones a la sala de enjuiciamiento del órgano fiscalizador para que sean analizados junto al informe desvelado por la Cadena SER el pasado jueves
Tomás Gómez y Rodríguez Zapatero, en primer plano, el día de la inaguración del Tranvía de Parla. (EFE)
Madrid
La fiscalía y la abogacía del Estado en el Tribunal de Cuentas han presentado sus informes sobre el tranvía de Parla y ambas instituciones sostienen que hubo responsabilidad contable en el proyecto estrella de Tomás Gómez al frente del ayuntamiento madrileño y piden que se remitan a la sala de enjuiciamiento del órgano fiscalizador. Una infraestructura que contrató el consorcio regional de transportes, dependiente de la Comunidad de Madrid, y que pagó el consistorio.
El fiscal sostiene que en las modificaciones del contrato, que pasó de 93 a 130 millones de euros, “no se justificó que resultaran de necesidades nuevas o imprevistas y que su relación con el objeto del contrato resulta cuestionable”. Añade que esas modificaciones se ejecutaron orillando la ley de contratos “sin tramitación de un expediente y al margen de toda publicidad y de la debida concurrencia”. La responsabilidad contable alcanza también al sistema de retribución al concesionario, según el escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER, porque algunos pagos “no se registraron en la contabilidad del ayuntamiento”.
El documento de la abogacía del Estado, al que también ha tenido acceso esta emisora, aprecia, responsabilidad contable en tres puntos. Entre ellos, en la adquisición de las unidades móviles. Un gasto que, inicialmente, “se había excluido”.
Tal y como les adelantó la Cadena SER, el Tribunal de Cuentas deliberó el pasado jueves el proyecto del tranvía de Parla y en su apartado de conclusiones apuntó a “irregularidades administrativas”. Los consejeros concluyeron con siete recomendaciones dirigidas al consorcio de transportes y al ayuntamiento de Parla. Entre ellas, asegurarse de que se disponen de los recursos suficientes para hacer frente a los pagos comprometidos y reforzar los mecanismos de control. Ahora la sala de enjuiciamiento estudiará todas las alegaciones y tomará una decisión definitiva a finales de año.
