Política
BERMEO

¿Un astillero tóxico a 40 metros de las viviendas?

Más de 2.000 vecinos de Bermeo firman un documento contrario a la puesta en marcha del proyecto de Astillero de Mendieta. Una empresa cuya actividad está considerada como "clasificada" por los materiales que utiliza para construir barcos

cadena SER

Bilbao

No han llegado a los tribunales porque hacerlo les costaría más de 20.000 euros, ahora mismo. Sin embargo, están dispuestos a dar la batalla. Hace años que comenzó a construirse este astillero en el muelle de Artza de Bermeo. Un proyecto para construir barcos de poliéster reforzado con fibra de vidrio. La licencia de construcción estaba condicionada a la obtención de la licencia de actividad, que no obtuvo ni tiene ahora mismo. Sin embargo, la construcción prosiguió. La recibieron de la anterior corporación municipal, en 2009, y, aunque la obra se paralizó un año después, en 2015 volvieron los movimientos.

A apenas 40 metros de este astillero hay decenas de viviendas y de familias que, desde el primer momento, demandaron informes técnicos y medioambientales sobre esta obra y, sobre todo, sobre las consecuencias que en su salud podría tener la actividad del mismo, la de reparar, con "productos altamente tóxicos" (como es la fibra de vidrio), embarcaciones de madera y de plástico. Su empeño ha llegado hasta el pleno del pasado 30 de mayo. Pleno en el que solicitaban la oposición de todos los grupos a la ubicación del astillero, el compromiso para iniciar conversaciones con la dirección de puertos del Gobierno Vasco para un nuevo plan especial de usos del puerto y, en tercer lugar, la paralización cautelar de la concesión de la licencia de actividad. La moción se aprobó por unanimidad.

Sin embargo, actualmente están pendientes de una próxima reunión con la alcaldesa Idurre Bideguren (EH BILDU). Según les traslada, no es legalmente posible la paralización cautelar que demandan ya que, según alega, ella estaría obligada a dar dicha licencia, si se presenta, con los condicionamientos exigidos. Llega a plantear, incluso, una posible responsabilidad patrimonial ante la empresa solicitante. Los vecinos afectados creen, por el contrario, que sí existen posibilidades legales, "ya que están en vigor todavía los 2.000 metros que el antiguo Reglamento de Actividades Molestas y Peligrosas recogía como distancia mínima a las viviendas". Insisten en que la construcción del astillero se inició ilegalmente y, por iniciativa de la empresa y que la licencia de actividad depende exclusivamente de la alcaldesa. Califican de "irresponsable despreocupación" la postura del gobierno municipal "por los daños y molestias que pueda ocasionar en las viviendas cercanas y en el pueblo en general" y mantienen que no hay "estudio ni proyecto económico y social que avale beneficio alguno de esa industria como para justificar su localización" a 40 metros de las viviendas.

Aluden al bienestar, la salud y la "seguridad pública" para demandar que el gobierno municipal de marcha atrás a este proyecto y piden al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco que intervenga. No descartan iniciar una próxima campaña de movilizaciones.

 
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