Un parking para discapacitados, 700 euros; la terraza de un bar, gratis

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Santa Brígida modificó en acuerdo plenario por unanimidad la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o por el aprovechamiento especial del dominio público para suprimir las tasas para terrazas de cafeterías y restaurantes en el municipio, después de que hace unos años se redujera a la mitad. Con esta decisión, el gobierno municipal atendió a una demanda del sector de la hostelería satauteño. 

Sin embargo, en otro colectivo la decisión pareció limitada. En el colectivo de personas con discapacidad no se ha reducido la cantidad que abonan por tener un aparcamiento. Por ejemplo, una mujer gran dependiente que necesita un aparcamiento delante de casa para facilitar sus traslados a la su familia paga anualmente 700 euros. El abono lo deberá realizar este martes cinco de julio, dándose la circunstancia de que percibe 603 euros mensuales. La ordenanza modificada por el Ayuntamiento de Santa Brígida no contempla reducciones, ni bonificaciones ni mucho menos exenciones. En la mayoría de los municipios de la isla las personas con movilidad reducida están exentas o disfrutan de bonificaciones. 

La legislación española contempla varias normativas que se han ido actualizando y que llaman a la no discriminación de las personas con discapacidad. La Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, de 2003, fue un impulso a la accesibilidad universal e incluyó un régimen de sanciones que se hizo realidad posteriormente, en 2007. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que actualizó las leyes al respecto en España. En la citada normativa explica, entre otras cosas, que "los ayuntamientos adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a personas con problemas graves de movilidad, por razón de su discapacidad". Varios ciudadanos del municipio de Santa Brígida han hecho saber su malestar al consistorio satauteño al respecto. 

Además, se dan las circunstancias de que en la ordenanza modificada en Santa Brígida no se establece una diferenciación en el dinero que se abona por metro y año para los espacios de estacionamiento que favorezca a las personas con movilidad reducida. Según diferentes letrados consultados, esto podría contravenir los derechos referidos a la accesibilidad establecidos legalmente. 

En cualquier caso, José Armengol, alcalde de Santa Brígida, admitió "la injusticia" que supone las tasas existentes en su municipio para las personas con movilidad reducida y adelantó a la Cadena Ser que las modificará, contemplando suprimirla, pero sin fecha prevista. 

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