La Fiscalía pide cárcel para Fernández y Cabieces
La Fiscalía Provincial de Bizkaia solicita una pena de dos años de prisión y 6.000 euros de multa para cada uno de los acusados en el denominado 'caso Kutxabank'
Cadena Ser
Bilbao
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio fiscal, en sus conclusiones provisionales, solicita la apertura de juicio oral por los pagos supuestamente irregulares, por importe de 243.592 euros, realizados por el banco a Cabieces. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya confirmó en un auto fechado el pasado 30 de mayo, la apertura de juicio oral contra los tres, acusados de los delitos de administración desleal en concurso con apropiación indebida y falsedad documental, tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía sobre los citados pagos.
La Audiencia desestimó, de esta manera, los recursos de apelación interpuestos por los imputados y apreció "indicios de criminalidad" por la contratación de Cabieces "de modo innecesario y ajeno" a los cauces de Kutxabank. En su escrito de acusación, la Fiscalía vizcaína considera que los tres actuaron "de común acuerdo" y guiados por el "ánimo de causar un quebranto económico a Kutxabank". El ministerio fiscal considera que los citados hechos revisten la apariencia de un delito de administración desleal con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares o, alternativamente, un delito continuado de apropiación indebida con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares.
Por ello, solicita una pena de dos años de prisión y 6.000 euros de multa para cada uno de los tres acusados por un delito de administración desleal con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares o, alternativamente, tres años de cárcel, para cada uno de ellos, por un delito continuado de apropiacion indebida con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares. En ambos casos, solicita la inhabilitación especial durante el tiempo de condena para el desempeño del cargo de administrador o miembro del consejo de administración de sociedades mercantiles, en el caso de Mario Fernández, y para el ejercicio de la abogacía, en el de los otros dos acusados.
