El Juez prorroga un mes más el secreto de sumario en la 'Operación Nazarí'
Es la segunda prórroga del secreto de sumario de esta presunta trama de corrupción urbanística que afecta al Ayuntamiento de Granada y que se llevó por delante a Torres Hurtado
Torres Hurtado. / Cadena SER
Granada
Sigue el secreto de sumario en la Operación Nazarí. El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que investiga esta supuesta trama corrupta en la ciudad que supuso la detención del que fuera alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado y la entonces concejala Isabel Nieto, ha prorrogado un mes más el secreto de sumario hasta el 15 de agosto.
La titular de este Juzgado, la magistrada Mª Ángeles Jiménez, ha acordado la ampliación de esta medida hasta el 15 del próximo mes pero eso no quiere decir que pueda levantarse antes de esa fecha ni tampoco descarta que se amplía más tiempo. En principio estaba previsto que se levantase el secreto del sumario el 15 de junio, se amplió hasta el 15 de este mes y se produce ahora una segunda ampliación.
El caso --que acumula varias prórrogas consecutivas del secreto de actuaciones-- se abrió en enero tras una querella del Ministerio Público sobre la posible alteración y modificación presuntamente fraudulenta del concurso-licitación de la concesión administrativa de la parcela de uso deportivo sita en la calle Torre de la Pólvora 35 de Granada que tenía por objeto la ejecución de un pabellón deportivo.
A las diligencias de Instrucción 2 se acumularon como pieza separada otras del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, incoadas también en virtud de querella de la Fiscalía interpuesta tras las investigaciones efectuadas por presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación a las irregularidades en las obras de urbanización del Plan Parcial PP-N2, desviación de un barranco y concesión de licencias de primera ocupación de 300 viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la Luz.
La investigación llevó a una serie de detenciones el pasado día 13 de abril en Granada, entre ellas la de Torres Hurtado y la entonces concejal de Urbanismo, Isabel nieto, que fueron puestos en libertad con cargos tras declarar en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental por su presunta implicación en esta supuesta trama corrupta en el área de Urbanismo.
El mismo día la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegó desde primera hora de la mañana un dispositivo que incluyó registros en el despacho de la secretaria general del Ayuntamiento, en la Plaza del Carmen; y en la sede de Urbanismo, en la plaza Gran Capitán, de donde la Policía sacó cajas con documentación.
Asimismo registraron varios domicilios, entre ellos la casa del alcalde, y empresas de Granada. Tras los registros, los detenidos fueron conducidos a la sede policial para declarar. Torres Hurtado, que fue retenido durante unas horas en su casa, con motivo del registro, fue trasladado después al Ayuntamiento y con posterioridad a la Jefatura de Policía.
En las diligencias se están investigando presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio.
Fue el pasado jueves 12 de mayo cuando declaró ante la juez José Torres Hurtado, que defendió su "absoluta inocencia" y se desvinculó de la gestión urbanística en el Ayuntamiento, que "siempre", según dijo, ha estado "en manos" de los funcionarios y del concejal del área al tener él "delegadas las competencias".
Justo un día antes tuvo que visitar la sede judicial la que fuera concejal de Urbanismo Isabel Nieto, que negó haber cometido irregularidades en su gestión y atribuyó el origen de la supuesta trama de corrupción que se investiga en la ciudad a una serie de "denuncias falsas" con las que se pretende "deformar la realidad".
Torres Hurtado dimitió junto a la exconcejal el pasado 18 de abril, unos días después de que ambos fueran arrestados por un caso en el que hay 17 personas investigadas y que ha desencadenado un cambio de signo político en el gobierno de la ciudad, ahora presidido por el socialista Francisco Cuenca.
