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El juez imputa a Rus por el amaño en la concesión de un call center

El juez de Imelsa prorroga el secreto de sumario y abre tres piezas más

El juez del Caso Imelsa ha prorrogado el secreto de sumario un mes más. y ha abierto tres nuevas piezas separadas. 

Recordamos, en la pieza principal, se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales. Ahora, el juez ha creado tres nuevas piezas separadas, una sobre la empresa, el call center SERVIMUN, propiedad del suegro de Marcos Benavent, el"yonki del dinero", de la que ha levantado ya el secreto.

En el marco de esta pieza, el juez cita a declarar como investigados, antes imputados, al expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus y a otras siete personas, entre las que se encuentran el exgerente de imelsa, Marcos Benavent, por la adjudicación por parte de la empresa pública del servicio de atención telefónica a la empresa SERVIMUN, propiedad del suegro de Benavent.

Esta es una de las tres piezas que el juez del caso ha abierto hoy, y en la que hay un total de 12 investigados, antes imputados. El suegro de Benavent también está en esta situación procesal, al resultar beneficiario de la adjudicación. La declaración se producirá entre los días 12 y 16 de septiembre. La pieza investiga posibles delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude, cochecho y falsedad.

Después, se ha abierto una segunda pieza sobre los contratos de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, la de Maria José Alcón, todavía secreta pero que dejará de serlo en breve. Y una tercera pieza que se mantiene secreta.

Estas tres nuevas piezas se suman y que a las dos ya existentes: una por blanqueo y supuesto delito electoral del grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Valencia y otra por contrataciones irregulares en el seno de Imelsa.

En la amplia nómina de investigados figura el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, su plana mayor y todos los concejales y asesores del grupo municipal del Pp en el ayuntamiento de Valencia.

La causa principal, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.

En total, hay 115 investigados por varios delitos contra la administración pública, en relación con una supuesta trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat, cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas

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