Detenido el tesorero que robó 2,5 millones de euros en Almensilla
Se apropió de esta cantidad desde el año 2006 y huyó en mayo de 2015. Ha sido detenido en el aeropuerto de Barajas tras ser deportado por el Gobierno de República Dominicana
Sevilla
Julio Mateos Palacios, desaparecido desde mayo de 2015 tras confesar que se había apropiado de una importante suma de dinero perteneciente a la junta de compensación del conocido Sector F de Almensilla (Sevilla), ha sido finalmente detenido por la Policía Nacional en el aeropuerto de Madrid Barajas, tras ser deportado por las autoridades migratorias de la República Dominicana al encontrarse allí en situación administrativa ilegal.
Mientras el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Coria del Río, que indaga el presunto desfalco de varios millones de euros de las cuentas de la junta de compensación del Sector F, dictó en su contra una orden internacional de búsqueda y detención y el pasado mes de febrero la Policía Nacional tenía localizado a este hombre en la República Dominicana, su detención responde a una operación coordinada entre diferentes departamentos policiales.
En concreto, han colaborado en la operación el Grupo de Localización de Fugitivos Nacionales de la Sección Operativa de Relaciones Internacionales, perteneciente a la Brigada Central de Apoyo Operativo de la Secretaría General de Comisaría General de Policía Judicial; la Brigada de Policía Judicial del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas; la Oficina Central Nacional de Interpol-Madrid y la Agregaduría de Interior de España en la República Dominicana.
Hablamos del conflictivo Sector F de Almensilla, donde después de los no pocos problemas surgidos en torno a este desarrollo urbanístico, el presidente y el secretario de la junta de compensación formularon a finales de mayo de 2015 una denuncia contra el tesorero de la misma, Julio Mateos Palacios.
En su denuncia, recogida por Europa Press, exponían que antes de una reunión prevista para ultimar un acuerdo bancario para liquidar paulatinamente una deuda de 8,5 millones de euros, resultado de la quita de una deuda original de más de once millones, recibieron un correo electrónico del tesorero con un contenido preocupante.
"Me es muy difícil escribir esto, pero no tengo fuerzas para decíroslo ni siquiera por teléfono. He cogido dinero de la junta (de compensación) y he intentado desde enero acelerar unas ventas para reponerlo, pero no lo he conseguido. Sé que os meto en un problema, pero no tengo forma de solucionarlo ahora mismo. Escribo esto como declaración para todos los compañeros. Ahora mismo no sé que voy hacer, estoy simplemente deambulando, pensando. En fin, no sé qué deciros más, solo pediros perdón. Como podéis imaginar no tengo animo ninguno de ir a la reunión, mañana os llamo y hablamos", figuraba textualmente en dicho correo.
Tras recibir este correo electrónico, el presidente y el secretario de la junta de compensación, según la denuncia, intentaron contactar telefónicamente con el tesorero, siendo "imposible localizarlo", con lo que formularon la citada denuncia.
Merced a los citados acontecimientos, el Juzgado mixto número uno de Coria del Río resolvió la imputación o investigación del citado tesorero de la junta de compensación, Julio Mateos; el presidente de la misma, Francisco C.M.; el auditor de la junta de compensación; el secretario, Juan Carlos A.H.; el exalcalde de Alemensilla José Carlos López (IU-CA); el exalcalde socialista Carlos Ufano; el exconcejal socialista Ismael Antonio P.F.; Jorge H.O.; Antonio G.S.; Mariano G.R.; Antonio B.R.; José L.M.; una persona más identificada como Rafael R.N. y a la propia junta de compensación como persona jurídica, atribuyéndoles en todos los casos un presunto delito de apropiación indebida.
Según la Policía Nacional, Julio Mateos se habría apropiado indebidamente de unos 2,5 millones de euros desde 2006. "Prevaliéndose de su posición, se fue apropiando de cuantiosas sumas de dinero", expone la Policía, según la cual "se estima que el desfalco total podría ascender a más de 3.706.718 euros, con un gran número de afectados que rondaría en torno a las 600 familias".
Las primeras pesquisas revelaron que esta persona estaba residiendo en la República Dominicana, lugar desde donde se dedicaba a la comercialización de aceite de oliva a través de las sociedades de las que figuraba como administrador. Su situación administrativa en aquel país era de ilegal, por lo que las autoridades dominicanas procedieron a su deportación y repatriación poniendo los hechos en conocimiento de las respectivas Oficinas Centrales de Interpol Santo Domingo y Madrid, contando con la asistencia de la Agregada de Interior en el país caribeño.