PSOE y PeC, pendientes del pliego de contratación de TUP
A pesar del rechazo a la gestión directa en el pasado pleno, las dos formaciones siguen defendiendo lo idóneo del planteamiento mientras anuncian un control exhaustivo del proceso

Radio Bierzo

Ponferrada
PSOE y Ponferrada en Común vigilarán atentamente la redacción, licitación y adjudicación del contrato del servicio de transporte urbano del municipio después de que el pleno extraordinario del pasado viernes haya renunciado a la gestión directa del TUP.
En ese objetivo centrarán sus esfuerzos, aunque también han aprovechado su comparecencia ante la prensa para hacer ciertas puntualizaciones entorno al desarrollo del pleno. Para empezar, las dos formaciones mantienen su defensa cerrada de la gestión directa de cara a evitar, como ya aventuran, un déficit de explotación de un millón 600 mil euros en 2016. De hecho, reiteran sus críticas a la falta de actuación del equipo de gobierno que, por causas desconocidas, dice el portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández ha dejado pasar una subvención convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias que permitiría paliar esos problemas de déficit en el transporte. Y todo, aún sabiendo los conflictos laborales que en esa empresa han significado, incluso la reducción de puestos de trabajo en pro de un aumento de beneficios
Ambas formaciones han explicado también por qué la propuesta de gestión directa o municipalización no se ha planteado en alguna de las comisiones. En el caso de Ponferrada en Común, Fernández asegura que ese planteamiento siempre ha ido en la base de su planteamiento, aunque siempre se hayan puesto trabas a esa propuesta y en el caso del PSOE, el portavoz Olegario Ramón también ha defendido por qué ahora los socialistas piden una gestión directa que nunca han hecho. Dice el PSOE que las cifras económicas de AUPSA y las actuales dejan claro por qué antes era innecesario el planteamiento. Es más lo que han sacado en claro del estudio de los datos es la laxitud con la que el equipo de gobierno se toma la fiscalización de las cuentas del servicio.
De ahí que sólo se haya primado el pago de los beneficios a una empresa que curiosamente entre 2013-2014 elevó su cuenta de resultados en 300.000 euros coincidiendo con el recorte de líneas y de puestos de trabajo lo que, señalan ambos portavoces, es abonar beneficios de una forma inmoral sin proteger los principios básicos del servicio público bajo el que se realiza la concesión.




