Sigue el calvario pora los propietarios de Cármenes del Mar

Granada

Las más de 400 familias de la Urbanización Cármenes del Mar, ubicada en una ladera de Cerro Gordo de Almuñécar (Granada) y cuyas casas han sufrido corrimientos de tierra y derrumbes, esperan una decisión de la Fiscalía de proseguir o no las actuaciones frente a los administradores de la promotora.

Según han informado hoy en un comunicado, de la decisión del Ministerio Público dependerá que puedan utilizar para reparar los daños las indemnizaciones que les corresponderían tras la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 de noviembre de 2014 que dio la razón a los vecinos.

Los propietarios han recordado que, entre los años 2000 y 2001, la promotora Cerro Gordo vendió 415 viviendas construidas que, a la postre, se vieron "seriamente dañadas" por la mala ejecución de la obra, como recoge la sentencia del juzgado de primera instancia.

A la fecha de hoy ha supuesto que 42 viviendas se hayan declarado en ruina total tras la aparición de graves defectos constructivos.

Tanto Cerro Gordo, como las empresas encargadas de los estudios técnicos Bética de Ingeniería y Control y Vorsevi, así como la matriz de Cerro Gordo (Leibi Global), entre otras, fueron condenadas solidariamente a reponer a su estado original la urbanización afectada.

Sin embargo, han explicado los vecinos, Cerro Gordo se declaró insolvente y presentó concurso de acreedores en el Juzgado Mercantil de Granada, lo que evitó que se hiciera cargo de la condena.

Los vecinos de las comunidades afectadas pretenden demostrar que el concurso de acreedores de Cerro Gordo es "fraudulento", puesto que tanto terrenos valorados en más de 1,5 millones de euros por la administración concursal, como alrededor de 700.000 euros, habrían salido "sin justificación aparente" del patrimonio de la empresa antes de la presentación del concurso en el Juzgado.

Por otra parte, los peritos contratados han determinado que la sociedad era insolvente mucho antes de la presentación del expediente concursal y han cifrado en la cantidad de más de 30 millones de euros el perjuicio presuntamente causado a los acreedores por la presentación tardía de la insolvencia.

Los vecinos han recordado que Cerro Gordo no es la única de las empresas condenadas que se ha declarado en concurso, ya que otras sociedades acusadas también han acudido al concurso de acreedores, habiéndose ya liquidado sus bienes sin que las urbanizaciones afectadas hayan recibido un euro para su rehabilitación pese a la sentencia judicial de 2014.

El pasado febrero la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento de Andalucía aprobó una Proposición no de Ley que pedía la declaración de emergencia de la zona e indicaba que se ejecutasen las actuaciones necesarias e imprescindibles para evitar la situación de deslizamiento y riesgo que sufre la urbanización.

Pasados ya siete meses desde aquella resolución, los vecinos han solicitado al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que requiera las actuaciones de emergencia necesarias, así como la ejecución de obras de estabilización y reparación urgente.