La Raza seguirá abierta en el Parque de María Luisa

Sevilla

El restaurante La Raza seguirá abierto, de momento en el Parque de María Luisa. El juzgado de lo contencioso número 13 de Sevilla ha adoptado como medida cautelar la suspensión de la decisión municipal que ordenó su desalojo en tres meses, a contar desde que fueron notificados de ello. El magistrado pretende así "evitar el daño de difícil y costosa reparación", que supondría cancelar celebraciones o aplicar un ERTE a 32 trabajadores fijos.

El Ayuntamiento ha anunciado que no recurrirá la resolución y esperará a la decisión definitiva sobre el recurso referente a la histórica concesión administrativa que disfruta el grupo. El gobierno municipal pretende sacar a concurso la explotación del negocio de hostelería que se asienta sobre terrenos municipales del Parque de María Luisa.

El Restaurante La Raza paga un alquiler de 200 euros al mes al Ayuntamiento de Sevilla y el consistorio decidió en mayo acabar con la concesión administrativa que había concedido al fundador del negocio en 1.972. Los dueños del establecimiento pretenden que la concesión se alargue hasta 2.022, que se cumplirían 50 años, alegando que en 1.972 las concesiones administrativas eran por medio siglo.

Sin embargo, el consistorio sostiene que  la concesión al restaurante La Raza en un espacio del parque de María Luisa es "improrrogable jurídicamente" porque así lo han establecido los informes municipales como consecuencia de la aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos de diciembre de 2014.

El auto del juez que adopta la medida cautelar pedida por La Raza alega la existencia de un daño irreparable de llevarse a efecto el cierre en tres meses. "La existencia de una actividad empresarial consolidada, y en curso, con compromisos de celebraciones de eventos, familiares y sociales, a largo plazo, al menos hasta 2017, la extinción o reducción temporal del empleo de al menos 32 trabajadores fijos, junto con la falta de contratación de otros temporales también en importante número, y la falta de cumplimiento de los compromisos ya contraídos con los proveedores, aconsejan evitar el daño".

El magistrado también destaca que "tratándose de una situación jurídica,  que data de bastante tiempo atrás, consentida o al menos tolerada y no resuelta con un procedimiento de revisión, no parece que el interés público sufra quebranto por mantener, de modo cautelar, el status quo, mientras se dilucida el recurso" presentado por los dueños del negocio de hostelería.

El auto exige una fianza de 30.000 euros a La Raza para evitar perjuicios al interés público.

El director del grupo La Raza, Pedro Sánchez Cuerda, muestra su satisfacción porque se garantiza el desarrollo de la actividad en el restaurante hasta el final del procedimiento judicial en curso.

Este establecimiento seguirá mientras tanto abierto, lo que le permite trasladar "un mensaje de tranquilidad" a los trabajadores que temían perder sus empleos y a los clientes porque tenían eventos contratados hasta el año 2017.