Las responsabilidades "administrativas o penales" de la contaminación en Loreto

Cádiz

La Fiscalía de Cádiz abre la posibilidad de encontrar responsabilidades "administrativas o penales" en el episodio de contaminación de agua en el barrio de Loreto ocurrido en octubre de 2014. En el informe sobre la querella presentada por el PP contra el alcalde de Cádiz, José María González, y parte de su equipo, por las declaraciones que hicieron acusando al anterior equipo de gobierno de dejar a los vecinos consumir agua contaminada, se incluye una primera parte dedicada a analizar el propio episodio de contaminación y las posibles y eventuales responsabilidades administrativas o penales.

Según se detalla en ese informe, la norma administrativa centra la responsabilidad en el gestor de aguas, en este caso, en los responsables de la empresa Aguas de Cádiz, que deberían haber tomado "medidas preventivas" en casos de contaminación. "Según el informe de la comisión de Aguas de Cádiz, (...) la confirmación de la superación de los parámetros biológicos detectada el 2 de octubre fue confirmada el día 3 y debió notificarse a la competente autoridad sanitaria para que decidiera sobre la apertura de una situación de alerta y corte de suministro de agua".

La Fiscalía explica que Aguas de Cádiz notificó el 3 de octubre de 2014 en correo electrónico a la autoridad sanitaria el informe de incidencias del 2 de octubre con análisis hechos el 29 y el 30 de septiembre, la incoación del protocolo de autocontrol, el corte del suministro momentáneo, la toma de muestra de agua y las labores inmediatas llevadas a cabo para solucionar el aviso de incidencia. Pero "no se constatan a partir del día 3 de octubre más comunicaciones a la autoridad sanitaria hasta el 14 de octubre". Ese día Aguas de Cádiz sí hizo constar que el domingo 12 se superaban los parámetros microbiológicos de bacterias coliformes y se informó del corte del suministro.

José María González y su equipo usaron estos datos para acusar al anterior gobierno municipal del PP de permitir que los vecinos bebieran agua contaminada "a sabiendas". El fiscal cree que las acusaciones contra políticos no estaban justificadas porque "las autoridades administrativas, en este caso la alcaldesa y concejales, deben ser excluidos de la petición de responsabilidades". Pero deja abierta la puerta a que esas responsabilidades administrativa, y también penales, puedan pedirse a los gestores de Aguas de Cádiz.

A partir de ahí, el fiscal, al igual que la jueza, considera que las declaraciones contra dirigentes del PP se circunscriben a la critica política, de ahí que no considere que ni sean injuriosas ni calumniosas y también abogue por archivar la querella. El PP ya ha anunciado que recurrirá.

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El informe del fiscal no hace mención al papel de los periodistas, como sí reflejaba el auto de la jueza. Unas consideraciones judiciales que le han valido a Rosa Maria García Jover el reproche en un comunicado de la Asociación de la Prensa de Cádiz por realizar generalidades poco oportunas sobre la profesión periodística.