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Urtaran: "La Policía municipal actuó en el desahucio por mandato judicial"

El alcalde de Vitoria defiende la actuación del consistorio y asegura que si no se hubiera incurrido en un delito penal

Ayuntamiento de Vitoria

Vitoria

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha rechazado este viernes las críticas por la intervención de la Policía Municipal en un desahucio de una vivienda ocurrido ayer en el barrio de Zabalgana. Urtaran ha subrayado que había una orden judicial para actuar a la que el Ayuntamiento no se puede negar porque cometería un delito.

El alcalde ha contestado así a los grupos municipales EH Bildu, Podemos e Irabazi, que este jueves reprocharon al alcalde que hubiera intervenido la Policía Local en el desalojo de la vivienda cuando el pleno aprobó hace aproximadamente un año una moción declarando la ciudad "libre de desahucios".

La mujer, que tiene tres hijos menores, fue desahuciada de su piso por la sociedad del Gobierno Vasco que gestiona las viviendas de alquiler protegido, Alokabide, tras haber acumulado una deuda de 9.000 euros por impago de la renta.

La Ertzaintza y la Policía Local tuvieron que intervenir para abrir paso a la comitiva judicial al portal del inmueble, ante el que se concentraron una veintena de personas convocadas por Kaleratzeak Stop Álava, y la afectada, Anastasia, tuvo que ser atendida por una ambulancia a causa de una crisis de ansiedad.

Gorka Urtaran ha explicado que días antes del desahucio, cuando tuvieron conocimiento de que se iba a ejecutar, los servicios sociales municipales ofrecieron a la mujer un alojamiento en un piso tutelado, que ella "declinó".

Además, Alokabide le ofreció diferentes fórmulas de pago para saldar la deuda del alquiler que "no superaban el 30 % de sus ingresos" y que la afectada no aceptó ninguna de ellas.

Urtaran ha incidido en que el Ayuntamiento y la Policía Local están obligados a cumplir con el mandato judicial y ni siquiera el alcalde, ha incidido, puede negarse porque sería un "delito penal" que conllevaría la inhabilitación del cargo público que no cumpliera la orden.

 
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