Casi 80 expedientes a revisión en la auditoría urbanística de Granada

Granada

El Ayuntamiento de Granada ha sometido a la comisión de Urbanismo, reunida este martes, los primeros expedientes del área municipal de Urbanismo que serán revisados dentro de una especie de "auditoría pública" ideada por el equipo de gobierno socialista ante la imposibilidad económica de encargar una auditoría externa.

Según ha explicado el concejal del área, Miguel Ángel Fernández Madrid, se revisarán unos 80 expedientes que siguen vigentes en el Ayuntamiento y que han levantado cualquier tipo de tensión por la interpretación que se hace del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por la falta de ejecución de lo que se establece o porque, por ejemplo, no se haya cobrado una deuda.

La auditoría consiste en la revisión de los expedientes por los propios funcionarios del área, que cuenta con nueva dirección técnico-política tras ser destituida la anterior tras resultar imputada en la "Operación Nazarí" contra una supuesta trama de corrupción urbanística.

Tras esa revisiónpor los técnicos, los expedientes pasan a la comisión municipal de Urbanismo donde pasan la criba de todos los grupos municipales. Las sesiones son públicas por lo que la ciudadanía puede asistir a esa "auditoría pública" del urbanismo de la ciudad de Granada.

El concejal ha explicado que más allá de posibles irregularidades, mencionadas como hipótesis de trabajo, exiten claras divergencias entre la interpretación del PGOU por las áreas urbanística y de licencias. Por tanto, habrá que armonizar los criterios de actuación municipal para que quien trata con el Ayuntamiento de Granada sepa en cada momento a qué atenerse sin soportar ningún tipo de arbitrariedad en una decisión que le afecte.

Por tanto, la auditoría de todo el urbanismo local (prometida por el alcalde Paco Cuenca en su toma de posesión) analizará convenios urbanísticos, decretos del área y hasta instrucciones internas de funcionamiento.

En la comisión de urbanismo, según el concejal, se ha acordado declarar lesivo un acuerdo del anterior gobierno del PP que obligaba a pagar al Ayuntamiento una indemnización de 13 millones de euros a una empresa particular. Se intentará ahora el pago en especie para no sangrar aún más las arcas municipales.