Interventora y, a la vez, casera municipal
Bartolomé González instaló la concejalía de Educación en un piso de la ex interventora, Javier Bello rescindió el contrato de forma unilateral y, ahora, el Ayuntamiento tendrá que indemnizarla con 300.000 euros por impagos. "Nunca se debería haber firmado ese contrato. Al final, como siempre, quien paga son los vecinos. Que la propia interventora alquile un local al Ayuntamiento, ¿entra dentro de los ético?", se pregunta el concejal de Hacienda, Fernando Fernández Lara.
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Antiguo edificio de la Concejalía de Educación / Google Street View
Alcalá de Henares
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares tendrá que pagar unos 300.000 euros por romper de forma unilateral el contrato de alquiler de la Concejalía de Educación a principios de la legislatura pasada. Los populares decretaron el abandono de los pisos arrendados en la calle Pedro Gumiel sin avisar a la propietaria, curiosamente, la que entonces controlaba las cuentas del consistorio.
Quien fuera interventora del Ayuntamiento de Alcalá de Henares era la casera del lugar al que el entonces gobierno del popular Bartolomé González trasladó la Concejalía de Educación. Un edificio en pleno centro, en uno de los callejones que unen la Plaza de Cervantes con la universidad. La propia interventora era quien autorizaba los pagos de estos alquileres, como tantos otros.
"Nunca se debería haber firmado ese contrato. Al final, como siempre, quien paga son los vecinos. Que la propia interventora alquile un local al Ayuntamiento, ¿entra dentro de los ético? Mi opinión es que hay cosas que tal vez no se deban hacer", opina el concejal de Hacienda, Fernando Fernández Lara.
El posterior traslado se enmarcaba en el plan de eficiencia propugnado por Javier Bello, que proponía la reducción de alquileres por el ayuntamiento y la adaptación a instalaciones municipales. La concejalía se mudó a la Quinta de Cervantes, el Ayuntamiento dejó de pagar y la propietaria, jubilada como interventora desde hace tres años, denunció la ruptura unilateral del contrato.
La justicia le ha dado la razón. El Ayuntamiento tendrá que indemnizarla con 160.000 euros, más 90.000 en intereses y aún quedan por conocer las costas. Los casi 300.000 euros saldrán de una partida del presupuesto reservada al pago de este tipo de resoluciones judiciales.
