“21 millones de euros que lastrarían sus economías”
Tres Cantos no quiere pagar nada y Colmenar Viejo persigue un reparto más justo de la indemnización de ‘El Tagarral’
Situación de los terrenos del Tagarral en el termino municipal de Tres Cantos / Ayuntamiento de Tres Cantos
Colmenar Viejo
La Comunidad de Madrid cumplió con su amenaza y tras negarse los ayuntamientos – gobernados también por el Partido Popular - de Tres Cantos y Colmenar Viejo a pagar su parte de la indemnización por el Caso El Tagarral, los ha llevado ante la justicia. Les reclama a cada uno 21 millones de euros que lastraría sus economías, pues supone la mitad de su presupuesto anual.
Javier Juárez, el primer teniente de alcalde de Tres Cantos ha anunciado que su objetivo es conseguir no tener que pagar nada. Insiste en que el ayuntamiento colmenareño y la Comunidad de Madrid fueron los que aprobaron estos planes urbanísticos erróneos y que Tres Cantos aún no se había segregado de Colmenar Viejo cuando se perjudicó a los propietarios de los terrenos.
Javier Juárez, primer teniente de alcalde insiste en que Tres Cantos no existía cuando se produjo el caso de El Tagarral
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La posición de Colmenar Viejo es diferente. Su alcalde, Miguel Ángel Santamaría ha afirmado que luchará en los tribunales para que se produzca un reparto más justo de la indemnización y que el pago para su ayuntamiento sea el mínimo posible. Santamaría ha lamentado que no se haya tenido en cuenta su propuesta de crear una comisión para negociarlo – propone abonar con suelo o pagos aplazados al gobierno regional - antes de llegar a los tribunales. Insiste además en que los terrenos afectados por la sentencia– y a los que se les podría sacar un rendimiento económico - están en el término municipal de Tres Cantos.
Miguel Ángel Santamaría, alcalde de Colmenar Viejo luchará para que se haga un reparto justo de la indemnización del caso El Tagarral
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La indemnización a los propietarios se dictó a partes iguales entre la Comunidad y ambos ayuntamientos, el retraso en el pago incrementó en más de 20 millones de euros el importe y el gobierno regional decidió pagar reclamando después 21 millones de euros a cada uno de los consistorios.
