La jueza del caso Blasco descubre otra trama de amaño de contratos en Cooperación

Valencia

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que instruye dos piezas separadas del conocido como caso Cooperación, ha detectado una supuesta trama de amaño de contratos por servicios informáticos por valor de más de un millón de euros entre 2008 y 2011, época en la que Rafael Blasco estuvo al frente.

Los contratos supuestamente amañados beneficiaron al empresario Augusto César Tauroni, encarcelado igual que Blasco por el desvío de fondos destinados al tercer mundo.

La instructora, que aprecia indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos, considera que se amañaron contratos para que esos servicios, adjudicados a Fujitsu y a otras dos empresas, terminaran siendo subcontratados a las sociedades de Augusto Tauroni.

Según el auto, hubo "una clara vulneración de los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que inspiran la contratación Pública".

Añade que existen "indicios que nos llevan a inferir que con anterioridad a la iniciación de los expedientes de contratación ya estaba decidido y hablado de antemano que iban a ser las empresas de Tauroni las que ejecutaran los trabajos a través de terceras empresas interpuestas".

"Así se desprendía al verificar la fecha de los contratos suscritos entre estas terceras empresas con las mercantiles de Tauroni, en los que se acordaba la subcontratación de los servicios que posteriormente la Administración adjudicaba. Las fechas de los contratos eran anteriores a la iniciación de los expedientes de contratación", según consta en el auto.

La magistrada entiende que estos hechos son ajenos a los que se investigan en las dos piezas que todavía instruye del caso Cooperación, la relacionada con la concesión de ayudas a distintas ONG en los años 2009, 2010 y 2011 y la relativa a la construcción de un hospital en Haití. Por este motivo, la jueza considera que otro juzgado ha de asumir esta nueva investigación, por lo que ha remitido la causa al decanato para su reparto.

Según consta en la causa, al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros habrían sido amañados vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública.

En el auto se señala que esos contratos fueron adjudicados a tres empresas (Fujitsu España Service, Comteldat e Ibermática) que hacían las veces de intermediarias y que luego subcontrataban con las empresas Dinamiz-e y S&C Visión y Análisis, al frente de las cuales estaba Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.

Las primeras mercantiles contrataban con las segundas antes de que se hubiera iniciado la tramitación del expediente administrativo que había de resolver a quién se le adjudicaba el servicio o de que se publicitara el pliego de condiciones; y en otras ocasiones, el objeto del contrato no se correspondía con el servicio prestado.