El Govern vuelve a acusar a Matas en la pieza del caso Ópera
El juez Castro abre juicio oral y acepta que Abogacía de la Comunidad se adhiera a la petición de la Fiscalía
Palma de Mallorca
El Govern vuelve a acusar a Matas en la pieza de la Ópera. Se suma a la petición de la Fiscalía: un año y tres meses de cárcel para ex president por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias al haber otorgado en 2007 sin concurso público al arquitecto Santiago Calatrava el encargo para realizar un teatro de la ópera en plena bahía de Palma que no llego a construirse.
El juez Castro ha abierto juicio oral por la pieza del ópera y en el auto de apertura acepta que la Abogacía de la Comunidad se adhiera a la petición de la Fiscalía. Castro considera que, aunque la Abogacía insistió en su día en el archivo de la causa, no ha renunciado a las acciones civiles que se dirimen en esta pieza y que el hecho de que se sume ahora a la petición de la Fiscalía, no incrementa la carga defensiva de Matas al no añadir nuevos delitos ni penas más gravosas.
A un paso del banquillo
El juez también ha dado el primer paso para sentar en el banquillo al expresident Matas y el exconseller José María Rodríguez por las presuntas adjudicaciones irregulares a la empresa de comnunicación Over Marketing. El magistrado ha dictado un auto en el que acusa a Matas y Rodríguez de presuntos delitos de malversación, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad y pide a la fiscalía que formule acusación contra ellos.
El juez expone que antes de abrir su sede en Palma, la empresa Over ya tenía contratos apalabrados con la administración. El magistrado detalla facturas duplicadas, algunas por trabajos inexistentes y que fueron fraciconadas para evitar el procedimiento administrativo. En el auto, el magistrado reproduce las declaraciones del dueño de Over, que afirmó que eran Matas y Rodríguez quienes tenían todo el poder para decidir a quien adjudicaban el concurso.
Junto a Matas y Rodríguez, el juez quiere procesar al propietario de Over, Daniel Mercado y a la entonces secretaria general ténica de la Conselleria de Interior, María Luisa de Miguel. Las acusaciones tienen diez días para decidir si acusan o piden el archivo de la causa.