"La falta de recursos hace imposible ejercer una verdadera protección de la víctima de violencia de género"

Murcia

"No se puede invitar a denunciar a la mujer y luego no ampararla y dejarla a su suerte", ha sentenciado Saura ante los grupos parlamentarios presentes en la Comisión Especial contra la Discriminación y la Violencia de Género de la Asamblea Regional de Murcia, en la que ha detallado las deficiencias y disfunciones provocadas por los recortes presupuestarios en los últimos años.

Así, ha denunciado que si una mujer presenta la denuncia policial en horario nocturno, no hay una trabajadora social que avise al letrado especializado para asistirla, cuando el primer paso es "fundamental".

También ha criticado que los partes manuscritos de denuncias que realiza el servicio sanitario de urgencias y algunos centros de salud sin ordenadores impide el rastreo del registro previo de posibles denuncias de la víctima.

Tampoco los profesores tienen formación sobre el protocolo de actuación ante una orden de alejamiento del padre de sus hijos.

Además, la jueza ha alertado del repunte de casos entre menores de edad y la desprotección que sufren las ancianas, puesto que sus maltratadores "no tienen nada que perder" si no hay plazas reservadas para ellos en centros de mayores, lo que aumenta "exponencialmente" el riesgo de atacar a sus parejas.

Saura ha abogado por acabar con la "pescadilla que se muerde la cola" que supone que la mujer tenga que formular una denuncia para tener derecho a protección y ha abogado por tramitar las ayudas sin necesidad de tener que hacerlo ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

También es partidaria de reforzar la sensibilización, la educación y la atención sociosanitaria para evitar que las chicas estén volviendo a aceptar conductas "intolerables" como el control del teléfono móvil por parte de sus parejas.

Desde los grupos parlamentarios, el diputado socialista Emilio Ivars ha apostado por acabar con los recortes de los últimos años en esta materia, que han llevado a la disminución de entre el 20 y el 50 por ciento de las ayudas a las víctimas de violencia machista, y por mejorar la protección de los menores de edad, puesto que el 70 por ciento de las mujeres agredidas tienen hijos.

Por su parte, la parlamentaria de Podemos María Giménez ha pedido restituir todas las políticas públicas y formar al personal de los juzgados de primera instancia e instrucción de los partidos judiciales que no tienen juzgados especializados.

En la bancada de Ciudadanos, Miguel Ángel López Morell ha puesto el foco en la necesidad de aumentar las políticas educativas, ya que es la "mayor prevención para evitar episodios de violencia de género en el futuro".

Finalmente, la diputada del PP Isabel Soler ha señalado que los partidos judiciales pequeños tienen "carencias mayores" y que las mujeres, antes de denunciar, deben dirigirse a los centros de atención especializada para mujeres víctimas de violencia para conocer cómo se va a desencadenar el protocolo de actuación.