El denunciante del 'caso Áridos' alerta de que los empresarios condenados podrían "salir de rositas"
Carlos Álvarez denuncia que la tramitación de la Proposición de Ley promovida por el Cabildo de Tenerife puede hacer que prescriba la multa que impuso el juez a los arereneros. El consejero de Política Territorial tinerfeño asegura que el riesgo del que alerta el abogado no existe porque si no abonan el dinero para la restauración de los barrancos, irán a la cárcel
Efe
Santa Cruz de Tenerife
Nueve meses después de conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial por la que los empresarios areneros José Enrique Morales, Pedro Sicilia y Antonio Plasencia fueran condenados a un año y tres meses de prisión y al abono de las cantidades necesarias para restituir el daño causado en los barrancos del municipio de Güímar, el abogado de la acusación particular, Carlos Álvarez, ha alertado del peligro de que no lleguen a abonar las cantidades para recuperar la zona dañada.
"La sentencia es concreta", ha especificado el abogado. Para él, en ningún caso, el debate en el Parlamento de Canarias de una Proposición de Ley planteada por el Cabidlo de Tenerife para clasificar como suelo rústico de protección ambiental los barrancos de Güímar puede acabar desvirtuando el mandato judical.
Entiende Álvarez que sería así porque los largos plazos de tramitación que conlleva una norma de estas características podría suponer la prescripción de la obligación patrimonial derivada de la sentencia que, hay que recordar, libró a los empresarios de ir a la cárcel. El abogado alerta que, de suceder esto, los empresarios podrían terminar saliendo "de rositas".
De transcurrir los cinco años previstos por la Ley, los empresarios reclamarían la prescripción y el proceso de restauración de la zona quedaría "escondido" en los presupuestos de la comunidad autónoma para que "lo tengamos que pagar todos". "Una condena judicial no puede dejarse subordinada al interés de los políticos", ha proseguido.
Es más, ha señalado que sí la estrategia política pasa por esperar a que una ley ordene el territorio de los barrancos de Güímar presentará un "recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se cumpla la sentencia", porque "la vía de escape" que se prepara para los condenados no es admisible.
Ante estas críticas, el consejero de Política Territorial del Cabildo de Tenerife, Miguel Ángel Pérez, ha lamentado las insinuaciones de Carlos Álvarez de trato de favor los empresarios condenados. El responsable insular ha explicado que con la Proposición de Ley lo único que buscan es que, en un futuro, "no se produzcan más extracciones mineras en Güímar". En ningún caso "evitar que estos señores paguen". Ha agregado que lo tendrán que hacer porque "si no, irán a la cárcel o se les embargarán sus bienes".
