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La Comunidad denuncia a la Fiscalía la carta homófoba del director del colegio de Alcorcón

La Consejería de Políticas Sociales ha abierto, además, una investigación reservada para saber si el director del colegio Juan Pablo II vulneró la ley contra la LGTBifobia

Colegio Juan Pablo II de Alcorcón

Madrid

Otro paso más ha dado la Comunidad de Madrid poniendo esta carta en manos de la Fiscalía para aclarar si al director del colegio concertado Juan Pablo II de Alcorcón vulneró la ley en la carta que envió al inicio de curso a todos los alumnos del centro. En esa misiva, que les adelantamos en la Cadena SER, Carlos Martínez (así se llama este docente) comparaba las recientes leyes aprobadas en la Asamblea para proteger al colectivo LGTBi y comparaba también al Islam con el "fanatismo islamista".

La Consejería de Educación fue la primera en abrir la investigación que sigue adelante. Desde el departamento de Van Grieken dieron traslado de la carta a la Consejería de Políticas Sociales y ha sido ésta la que ha abierto una investigación reservada y ha denunciado las palabras del director ante la Fiscalía para que se depuren responsabilidades. "Si esta investigación termina en que hay responsabilidades se pondrá la correspondiente infracción", asegura la viceconsejera de Organización Educativa, María José García Patrón. "El profesorado de los centros concertados atiende al estatuto de los trabajadores. En estos centros también los actos de discriminación por razón de orientación sexual y LGTBifobia, si son llevados a cabo por el titular del centro, es de aplicación el artículo 62.2 de la LOE que asegura que es una causa de incumplimiento grave lesionar los derechos reconocidos en la Constitución, en los artículos 16 y 20", explica García Patrón. Es decir, que si la investigación de la Comunidad aprecia discriminación este centro podría llegar a perder el concierto.

El trabajo de la Inspección Educativa hasta el momento no ha apreciado indicios de incumplimiento del concierto aunque siguen investigando al centro. Los inspectores están revisando todo lo que tiene que ver con su funcionamiento: oferta de actividades extraescolares, de asignaturas optativas, la voluntariedad de las cuotas o el cumplimiento de currículos, según un portavoz de la Consejería de Educación.

 
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