Archivan la imputación de la exconcejala San Gil en el caso de la ORA

Palma de Mallorca

El magistrado que instruye el caso del presunto fraude en la adjudicación del concurso de la ORA de Palma ha sobreseído la causa para la exconcejala de Función Pública Irene San Gil. La exedil ha declarado esta mañana y ha derivado en los funcionarios la responsabilidad de los informes técnicos que propiciaron la adjudicación del contrato a la empresa Roig por unos 25 millones de euros. Algunos de esos informes están bajo sospecha.

Fuentes jurídicas explican que San Gil, que fue la presidenta de la mesa de contratación que licitó la adjudicación, ha responsabilizado a los funcionarios de los informes técnicos en los que se basaron para adjudicar el contrato a la empresa Roig. Su propietario permanece en presión provisional desde la semana pasada tras declarar ante el juez que instruye la causa Manuel Penalva y el fiscal anticorrupción, Miguel Ángel Subirán.

La exconcejala ha manifestado ante el juez que ella no tenía potestad alguna para saber si los informes técnicos eran correctos, ya que para eso están los funcionarios. San Gil ha declarado durante una hora ante el juez. A su salida del juzgado, acompañada de su abogado Miquel Arbona, no ha querido hacer declaraciones y se ha limitado a decir que la causa de había sobreseído.

También ha declarado como testigo el exalcalde socialista de Palma, Ramón Aguiló, para explicar las relaciones del Consistorio durante su época con la empresa Roig, que mantiene numerosas adjudicaciones con el Ayuntamiento de Palma como la gestión de la sala de tráfico de Cort, el mantenimiento de los semáforos de la ciudad y la limpieza de varios centros escolares.

Aguiló ha ratificado ante el fiscal que la empresa Roig ofreció a través del concejal Josep Lluis Madico comisiones para el PSOE a cambio de la adjudicación del mantenimiento de los semáforos, una vez se enteraron de que no ganarían el concurso. No le hablaron de cifras, ha dicho. No lo explicó en aquel momento porque era la palabra de uno contra otro y no tenían pruebas, por eso tampoco lo denunciaron desde el Consistorio.

Ahora que ha saltado a los medios el presunto amaño se ha decidido porque resalta, hubo insinuaciones de que la adjudicación fue a parar a un empresa madrileña con relaciones con el PSOE. Ante la basura que se quiere echar contra el Ayuntamiento de aquel entonces, dice, ha tratado de explicar la verdad.