Sanz califica de "ejemplar" la actuación oficial con los inmigrantes

Granada

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado este miércoles que los inmigrantes que han sido liberados en Motril (Granada) durante el último mes, tras pasar sus primeras 72 horas en suelo nacional en dependencias policiales, son puestos "a disposición" de organizaciones no gubernamentales, que, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, realizan con estas personas una "tarea de solidaridad muy importante en la que este país es ejemplar en el mundo".

"No es ninguna novedad, lo que se está haciendo es lo mismo que se viene haciendo desde siempre", ha subrayado Sanz en declaraciones a los periodistas en Granada en el acto de toma de posesión del nuevo comisario provincial de Policía de Granada, José Antonio Togores Guisasola.

Sanz ha destacado la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil para "hacer frente en las aguas al salvamento de muchas personas" a las que las "mafias que trabajan para la inmigración meten en embarcaciones" en las que corren "un tremendo peligro", dentro de un "trabajo conjunto" con Salvamento Marítimo, Cruz Roja y ONG que parte del "cumplimiento de la ley en relación a la inmigración ilegal".

A partir de ahí, la Policía Nacional analiza país de procedencia y circunstancias de estas personas y "una vez que se cumple ese trámite hay dos posibilidades, o se derivan a los CIE (centros de internamiento de extranjeros) o se ponen a disposición de las ONGs" dependiendo también de "los convenios que existan con los países y la capacidad que tengamos de devolverlos o no", ha añadido el delegado del Gobierno, que ha hecho hincapié en que en el caso de los más de 150 inmigrantes puestos en libertad en Motril en el último mes "lo que hemos hecho es ponerlos a disposición de las ONG".

La Policía Nacional ha abierto este proceso en tres ocasiones por falta de espacio en los CIE, ejecutando la orden judicial por la que estos inmigrantes, tras unas primeras 72 horas en territorio nacional en las que permanecen en un centro de estancia temporal, quedan en libertad llevando con ellos certificados en los que se indica que se encuentran en situación de ilegalidad en España y que deben abandonar el territorio nacional.