Un juez acusa a 84 controladores de sedición por el caos aéreo de 2010
El magistrado ha finalizado la instrucción y la fiscalía tiene diez días para presentar acuasación
Cadena Ser
Palma de Mallorca
El magistrado del Juzgado de instrucción uno de Palma acusa a 84 controladores aéreos de Baleares de un delito de sedición por el caos aéreo que se produjo en los aeropuertos de las islas durante el puente de diciembre de 2010. El juez Juan Manuel Sobrino ha finalizado la instrucción de la causa y pide a la Fiscalía que presente escrito de acusación o pida el sobreseimiento. Se trata del primer paso para sentar en el banquillo a los controladores, en una causa que se ha archivado en la gran mayoría de juzgados excepto en la Comunidad de Madrid.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, el juez considera que los controladores y sus líderes sindicales decidieron de forma conjunta y coordinada paralizar el tráfico aéreo español sin tener en cuenta las consecuencias que iba a tener. Para ello, según el magistrado, simularon incapacidades psicofísicas para el trabajo y los que tenían que incorporarse el tres de diciembre a las torres de control se presentaron con partes de incapacidad que alegaban estrés y ansiedad. Sobrino señala que los partes parecían ficticios, porque los controladores no estaban en realidad enfermos y todo obedecía a medidas de presión que previamente habían concertado para conseguir la parálisis del tráfico aéreo.
Señala el juez que algunos de los acusados no se presentaron en el puesto de trabajo, comunicando sus problemas de salud por teléfono, otros no fueron localizados y algunos acudieron a su puesto pero se negaron a ejercer sus funciones. Todo ello provocó, dice el juez, retrasos, falta de información, desconcierto entre los viajeros, cancelaciones de vuelos y el cierre total de cuatro de los cinco sectores aéreos de Baleares.
El auto pone de manifiesto que todos los partes médicos presentados por los acusados son idénticos y parecen copiados. Además, se reproducen parte de las conversaciones entre la torre y el centro de control de los aeropuertos en las que los acusados y los miembros de control hablan de un 'desenchufe' general en España, del cierre del espacio aéreo y de la falta de controladores en las torres. Sobrino señala además que los problemas médicos de los controladores remitieron en 24 horas y no hubo vestigios ni secuelas en los afectados durante los días posteriores.
El magistrado considera que los hechos son constitutivos de un delito de sedición y no de un delito de abandono del puesto de trabajo, como insisten algunas acusaciones. La sedición está contemplada para los empleados que en aeropuertos o aeronaves que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en actitud de protesta o desobediencia colectiva. Un supuesto que para el juez, encaja con los hechos ocurridos en diciembre de 2010.
El caso fue archivado en el juzgado de instrucción en un primer momento, pero la fiscalía presentó un recurso en la Audiencia Provincial para reabrir las diligencias. La Audiencia ordenó reabrirlo y ahora el juez ha concluido que existen indicios de delito. La fiscalía tiene ahora diez días para presentar el escrito de acusación o pedir el archivo del caso.
