Encontronazo entre PP y oposición por la Desaladora de Escombreras

Murcia

Los grupos parlamentarios han presentado las conclusiones de los trabajos en la comisión de investigación de la Desaladora de Escombreras, que en el caso del PP, ha demostrado que ninguna comparecencia ha cuestionado la legalidad del proyecto y que no hay más "culpable" que la "situación económica" que hizo inviable este proyecto. El portavoz parlamentario popular, Victor Martínez, ha denunciado que la oposición haya "instrumentalizado" este órgano de la Asamblea Regional para "sacar rédito político" y para "dañar al PP".

En sus conclusiones, el PP remarca que ha quedado demostrado la utilidad, viabilidad y legalidad de la planta, y señalan que el "único requisito" que resta para asegurar su "viabilidad económica" es la renegociación del contrato de operación y mantenimiento.

Desde el PSOE, sitúan la creación y puesta en marcha de esta planta dentro de una "macrotrama corrupta dentro de un macropelotazo urbanístico marca PP" creada por Valcárcel y el exconsejero Cerdá para dar cobertura a la recalificación urbanística de 180 millones de metros cuadrados.

El PSOE enviará la investigación de la Comisión a la Fiscalía, por considerar que concurren "indicios de delitos", y al Tribunal de Cuentas, por si hay "algún tipo de responsabilidad contable". Así lo ha asegurado el secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, además de pedir la dimisión del vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, por el "pelotazo y el escándalo sin precedentes" de la desaladora.

Por su parte, el presidente de la comisión y portavoz parlamentario de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha coincidido en calificar como 'trama urbanística' la construcción de la desaladora, culpa a Valcárcel y Cerdá como máximos responsables de la extorsión que está suponiendo al erario público, y también anuncian que darán traslado a la Fiscalía del resultado de estos trabajos.

Desde Podemos, Antonio Urbina habla de responsabilidad contable de la CARM y sitúa a Valcárcel y Cerdá como máximos responsables de un entramado privado que ha supuesto graves pérdidas a la Comunidad Autónoma, que ya ha pagado 100 millones y que obliga a pagos futuros de hasta 600 millones.

Podemos trasladará a la Fiscalía la información recabada, en paralelo al proceso judicial que se sigue, y persiguen que sea Valcárcel y Cerdá los que respondan por el desfalco que ha supuesto para las cuentas públicas la construcción de la desaladora de Escombreras.