Ley de “desprotección” del funcionario

Valladolid

Todo comenzó hace casi un año: La Plataforma en Defensa de lo Público, PLADEPU (una organización de funcionarios de la Junta de Castilla y León), decide dar un paso adelante para luchar contra la corrupción en la administración regional y propone instaurar una figura jurídica que blinde protección a los empleados públicos, para que puedan denunciar prácticas corruptas en las consejerías, sin temor a sufrir represalias de sus superiores.

Esta figura ya está instaurada en algunos países como Canadá o Reino Unido desde hace décadas, no así en España, donde parece que no hay mucho interés en defender a los que denuncian. Se trata de una especie de blindaje, ante los continuos casos de corrupción que surgen casi a diario bajo la figura del informante o delator denominado «whistleblower» que “protege al trabajador cuando es despedido como represalia por dinero o cualquier otra dádiva a un funcionario público solicitada por éste·.

La propuesta de PLADEPU, fue aprovechada de forma oportunista, por Ciudadanos, para seguir lanzando mensajes de lucha contra la corrupción, vacíos de contenido y de voluntad política real, como lo demuestra el hecho de que el partido de Albert Rivera, se haya plegado a las condiciones impuestas por el PP para sacar la ley adelante. Una ley que lejos de defender a los funcionarios, los desprotege todavía más si cabe.

Los que han levantado la voz de forma más contundente contra esta Ley, maniobrada hábilmente desde la Consejería de Presidencia para pervertir su verdadero objetivo, han sido el portavoz de IU José Sarrión, y el procurador de Podemos, Carlos Chavez, que han denunciado en la SER, el engaño del PP “en connivencia con Ciudadanos”.

Los impulsores de la idea, PLADEPU, hablan de “acoso y derribo desde el Gobierno de Juan Vicente Herrera contra la independencia de los empleados públicos “

El portavoz de PLADEPU, Quinidio Martínez, no se muerde la lengua a la hora de calificar la ley como “una nueva forma de amordazar más a los empleados públicos y asegurarse que un empleado público no se atreverá a denunciar la corrupción existente en la Junta de Castilla y León”. La Junta vende la Ley “como si fuera una medida contra la corrupción y a favor de los funcionarios, cuando es todo lo contrario”.

La Ley determina que será la Inspección General de Servicios el Órgano que tramitará las denuncias de corrupción que se produzcan dentro de la Administración. José Sarrión de IU, se pregunta ¿Como un órgano que depende jerárquica y funcionalmente de un Consejero de la Junta de Castilla y León, cuyo máximo responsable es nombrado a dedo por este Consejero, puede encargarse de las denuncias de corrupción contra ese Consejero u otros Consejeros de la Junta de Castilla y León? ¿Qué garantías son estas para el denunciante?

Baste recordar que recientemente, un exconsejero de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, está sentando en el banquillo de la Gürtel acusado de cobrar mordidas en contratos públicos.

Los funcionarios también se preguntan ¿Por qué la nueva Ley exige que las denuncias lleven el nombre y apellidos de los denunciantes, pero no contempla ayudas jurídicas, médicas, psicológicas y económicas para estos? (Muchos denunciantes se ven envueltos en costosos procedimientos judiciales a raíz de sus denuncias). El hecho recogido en el Proyecto de Ley de que las garantías contra los denunciantes terminan el día que se sustancien las actuaciones, lo califican de broma de mal gusto. Además Tampoco la Ley ampara a los familiares de los denunciantes ya que no recoge un seguimiento en el tiempo de la situación laboral del denunciante y de sus familiares, y sí sin embargo contempla sanciones para los denunciantes y no para las personas que persigan a los denunciantes, o revelen las denuncias o información comprometida a los denunciados.

Por todos estos motivos PLADEPU no duda en calificar la norma como una "segunda ley mordaza" aplicada al personal de la Administración de la Junta de CyL. Una ley nada garantista que no solo no protege a quien denuncie presuntas irregularidades o derroches del dinero público, sino que le puede aplicar todo el peso de la ley en caso de que sus sospechas se demuestren infundadas.