El juicio del caso Arcos comienza con ocho acusados admitiendo los hechos

Málaga

Están acusados de protagonizar una trama que, aprovechando el boom urbanístico, la falta de suelo urbanizable en Alcaucín y la ausencia de mecanismos de control, se dedicó, entre 1995 y 2010 a construir viviendas en suelo no urbanizable a cambio de pagos, saltándose las normas legales, falsificando documentos, adoptando decisiones injustas a sabiendas y blanqueando el dinero obtenido por permitir construir.

Sólo el ex alcalde de Alcaucín, José Martín Alba, se enfrenta en este proceso a 226 años de cárcel acusado de 62 delitos: “Yo estoy tranquilo, tengo la conciencia tranquila después de la instrucción. El fiscal ha cogido el caso Arcos como su fuera el caso Malaya cuando no es comparable , he tenido un trato desigual, el delito más grave es el de falsedad cuando yo nunca he hecho un informe, lo hacía el secretario y yo sólo daba el visto bueno y era simplemente decir que el secretario era el que era y que estaba en el ejercicio de sus funciones, eso era lo que me explicaron cuando entré de alcalde y el fiscal dice que el secretario cometió un delito de imprudencia porque no sabía lo que hacía mientras que yo sí, una barbaridad como un templo. La mayoría de los delitos han prescrito. El fiscal lo ha metido todo y ha dicho, defiéndete como pueda. Un trato desigual porque yo no quiero que al secretario le pase nada, pero yo confiaba en el secretario y sólo daba el visto bueno. La mayoría de los delitos de falsedad, además, han prescrito para el secretario y para mí no. Así que se agarren los alcaldes que firman los vistos buenos porque si los secretarios lo quieren engañar lo engañan. Espero salir absuelto totalmente si hay justicia. Yo tengo, después de siete u ocho años, todo bien cimentado y argumentado cosa que no ha hecho el fiscal, pensó que esto era otro Malaya y se ha equivocado totalmente. Nadie me dijo que las licencias eran ilegales y, de hecho, son legales, porque las normas urbanísticas no eran aplicables”.

Además de Martín Alba también están acusados dos de sus familiares; seis funcionarios municipales o de la Diputación Provincial de Málaga, incluido el ex jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación, además de siete arquitectos; cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos.

En la primera sesión del juicio ocho de estos acusados han admitido los hechos que le imputa la acusación de la fiscalía a cambio de una rebaja en la pena. Entre ellas las dos hijas del ex alcalde que asumen que blanquearon dinero de su padre a cambio de dejar su condena en seis meses de prisión y multa, el que fue secretario municipal en Alcaucín deja su pena en 60 meses de inhabilitación y multa de 3.600 euros por falsificar informes para conceder licencias, mientras que otro de los acusados, que se enfrentaba a tres años de prisión, admite los hechos a cambio de una pena de 12 meses de cárcel.

Este primer día de juicio también ha sido escenario de las cuestiones previas planteadas por las defensas. La prescripción del delito que le imputan a algunos procesados, la acusación sorpresiva por imputarles hechos de los que no se les había informado, la nulidad de los registros e, incluso, de los autos de imputación han marcado esta primera jornada. Además se ha solicitado por la defensa de José Torres Moras que se remita a la Junta de Andalucía un escrito de queja por el retraso en el escaneo de los documentos de la causa, algunos de los cuales, no han llegado a tiempo a los letrados, según este abogado. Cuestiones algunas de las cuales serán resultas en sentencia aunque los abogados piden que lo sean antes de que continúe la vista oral.

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El juicio ha comenzado este lunes y se desarrollará a lo largo de 64 sesiones hasta septiembre de 2017.

Un juicio del que no se podrán tener imágenes ni sonidos de su desarrollo una vez que el presidente de la sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha rechazado esta posibilidad atendiendo a la petición de una sola de las defensas. Un hecho que ha motivado un escrito de protesta oficial firmado por más de veinte profesionales de la comunicación al entender que vulnera el derecho de información, lo dictado en sentencias del Tribunal Supremo y las propias normas a seguir marcadas por el Consejo General del Poder Judicial.