Compraron una plaza de aparcamiento en Toledo y ahora “se sienten estafados por la empresa concesionaria”.

Toledo

La comunidad de usufructuarios del Parking del Miradero pide la mediación del Ayuntamiento de Toledo frente a lo que consideran un abuso de la empresa concesionaria. Los 200 propietarios de plazas de aparcamiento, cuyos derechos de uso compraron a la empresa Acciona, mantienen un litigio con las concesionaria actual por el coste del mantenimiento del edificio.

El aparcamiento ha pasado ya por tres empresas. Primero Acciona, luego Parkia y la actual, Acvil, les ha demandado y les reclama judicialmente  el pago de cantidades con las que la comunidad de propietarios no está de acuerdo porque la empresa les prorratea los gastos de todo el edificio. Jesús Muñóz, uno de estos propietarios  afirma que "la concesionaria le da el mismo trato a las plazas que tienen en alquiler diario de rotación que a las de quienes hace siete años pagaron a Acciona 12.800 euros por ellas".

Según los propietarios, que llevan tiempo denunciando esta situación al Ayuntamiento y que han creado una Plataforma de afectados en Facebook, la concesionaria "les considera usuarios y lo que pretenden es hacer un negocio con nosotros".

No descartan "si no hay implicación por parte del ayuntamiento, devolver el usufructo en masa y les vamos a reclamar el dinero que pagamos en su momento porque nos sentimos estafados y engañados".

El grupo municipal de Ciudadanos estudia llevar una moción en defensa de los propietarios de estas plazas al pleno municipal de este mes, porque, insiste el portavoz de este grupo, Esteban Paños, "el edificio es municipal y el gobierno tiene la obligación de controlar la explotación del aparcamiento"

 Los propietarios, residentes y trabajadores en el casco histórico de Toledo, compraron estos derechos de uso con una promoción que hizo el Ayuntamiento. Firmaron sus contratos con Acciona, la empresa constructora, y nunca se han puesto de acuerdo en lo que deben pagar como mantenimiento de las instalaciones. "Nos sale una comunidad desorbitada. Pretenden cobrarnos hasta su cánon de explotación, prorratearlo y que lo paguemos".