La Junta recurre la sentencia que le obliga a pagar 14 millones a Pascual

Cádiz

El delegado de Salud en Cádiz, Manuel Herrera, ha anunciado que la Junta de Andalucía está preparando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras la notificación de la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a pagar 14.811.198 euros a la empresa sanitaria José Manuel Pascual.

En una rueda de prensa y a preguntas de los periodistas, Herrera ha manifestado su confianza en que el recurso presentado en este caso por los servicios jurídicos del Gobierno andaluz prospere.

Al hilo, ha indicado que lo que la Junta “no entiende” es que “en las dos ocasiones en las que se ha ofertado a Pascual a que se presente para hacerse con el concierto, sobre todo en la segunda donde el precio ofertado era muy superior al concierto anterior, Pascual no se presentara".

Además, critica que la empresa sanitaria "intente paralelamente imponer un precio abusivo" por sus servicios "respecto a los precios de mercado”.

Comunicado oficial

Posteriormente, y en un comunicado hecho público por la Junta de Andalucía, se indica que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) entiende "que la empresa José Manuel Pascual Pascual S.A. no puede seguir fijando precios arbitrarios sin el consentimiento de la administración sanitaria".

En esta línea, añade que "es con este mismo argumento con el que el SAS ha denunciado a esta empresa ante la Agencia de Defensa de la Competencia Andaluza, que ha resuelto recientemente incoar un expediente sancionador por presuntas prácticas restrictivas de la competencia".

En concreto, el expediente se inicia "ante la existencia de indicios racionales de la realización de conductas que presuntamente serían contrarias al artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia".

La Junta de Andalucía apunta que  "dicha ley prohíbe la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional, tanto si se trata de imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos como de subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio no guarden relación con el objeto de dichos contratos".

"Las presuntas conductas anticompetitivas consisten en supuestas actuaciones orientadas a la explotación abusiva de la posición de dominio que la entidad José Manuel Pascual Pascual, S.A. ostentaría como titular de los tres únicos hospitales con servicio de urgencias existentes en las localidades gaditanas de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín", remarca el Gobierno andaluz en el comunicado.

Tales conductas han sido denunciadas por el SAS, que ha atribuido a dicha entidad, por una parte, "la aplicación de precios abusivos por los servicios facturados fuera de concierto", y, por otra, "el intento de vincular la suscripción de un nuevo concierto para los tres hospitales citados con la contratación de otros servicios que no guardan relación directa con el objeto del concierto".

Asimismo, la Junta de Andalucía recuerda "que los tribunales, tanto el TSJA como el Tribunal Supremo, han dado previamente la razón a la administración sanitaria andaluza con sentencias favorables relativas a las unidades de precios concertados con las que la mencionada empresa se mostraba en contra".

Señala el Gobierno andaluz que "dicho modelo de facturación ha permitido establecer y definir en un marco claro tanto la actividad concertada como el precio de la misma, en aras de una contratación pública transparente".

En este punto, el SAS explica que tiene presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para defender los términos incluidos en la prórroga del concierto sanitario con la empresa José Manuel Pascual Pascual S.A. llevada a cabo en 2014. "Si dicho órgano jurisdiccional resuelve que la prórroga realizada en dicho año cumple con la legalidad vigente, los pronunciamientos judiciales a favor de esta empresa hasta el momento quedarían afectados", indica.

Además, recientemente el SAS "también ha iniciado un expediente administrativo con el fin de abonar los servicios prestados por la empresa Pascual entre el 1 de noviembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016 en las mismas condiciones que el concurso anterior, hasta que se resuelva la discrepancia con la facturación que dicha empresa realiza".

"El SAS ha actuado siempre siguiendo el procedimiento habitual en estos casos, que es convocar concursos abiertos, con transparencia, en igualdad de condiciones y con libre concurrencia de las empresas interesadas en los mismos", defiende el comunicado oficial.

Ese texto reincide en los argumentos esgrimidos este martes por Manuel Herrera, al detallar que José Manuel Pascual Pascual "no se ha presentado a ninguno de los dos procesos públicos de licitación celebrados recientemente; ni al procedimiento negociado sin publicidad (con mejoras importantes con respecto al anterior contrato) para los hospitales en los municipios gaditanos donde no existe competencia; ni al concurso abierto para contratar servicios en las provincias de Cádiz capital, Huelva y Málaga, donde sí han concurrido otros hospitales homologados".

El SAS asegura que siempre ha estado abierto a la negociación con la empresa Pascual, "pero las condiciones que plantea la empresa son totalmente inadmisibles por estar fuera de los precios de mercado y fuera de la legalidad".

La responsabilidad del Gobierno andaluz es, según especifica en el propio comunicado, "garantizar el derecho a la atención sanitaria y respetar siempre la legalidad en los conciertos de la administración pública, por lo que seguirá intentando llegar a un acuerdo que respete las condiciones legales vigentes, al mismo tiempo que se seguirán buscando alternativas si no se llega al mismo".

Por último, la Junta de Andalucía recalca que de todo esto seha informado a los representantes de los trabajadores de clínicas Pascual en diferentes encuentros mantenidos con el comité de empresa, trasladándoles que la única responsable de la situación laboral que atraviesan es la empresa José Manuel Pascual Pascual S.A., propietaria de estos hospitales privados.