Núñez pide al TSJA que investigue al parlamentario Carmelo Gómez
El socialista Carmelo Gómez cobró de Mercasevilla más de 8.000 euros sin haber realizado supuestamente ningún trabajo. En ese tiempo figuraba falsamente contratado en una empresa del conseguidor de los ERE, Juan Lanzas
Sevilla
La jueza María Núñez considera que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía debe investigar al parlamentario socialista Carmelo Gómez, por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsificación de documento mercantil. Gómez estuvo contratado en 2007 por una empresa y supuestamente cobró, sin realizar ningún trabajo, de otra que es semipública, Mercasevilla. La primera pasó facturas falsas a la segunda para abonar su nómina y la de otros imputados.
Gómez, miembro de la ejecutiva regional del PSOE andaluz, trabajó para Maginae Solution, una empresa del cuñado del llamado conseguidor de los ERE, entre marzo y agosto de 2007 y cobró 8.390 euros. Desde 2012 es parlamentario andaluz y persona aforada. También pertenece a la ejecutiva regional del PSOE.
La magistrada ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que también incluye, para evitar que en el futuro se dicten resoluciones contradictorias, a quienes participaron en esa solución y a otras dos personas que fueron contratadas con esta fórmula.
Se trata del exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, José Antonio García; de Carmen Rodríguez, nuera del exdelegado de Empleo Antonio Rivas; de Fernando Mellet, exgerente de Mercasevilla; el conseguidor, Juan Lanzas; su cuñado Ismael Sierra y del gestor José Rodríguez López.
Mercasevilla pagó las nóminas de Carmelo Gómez, José Antonio García y de la nuera de Antonio Rivas, Carmen Rodríguez. Ellos estuvieron contratados en diferentes sociedades de Lanzas y Sierra. Empresas que facturaron a Mercasevilla 801.000 euros por "operaciones comerciales simuladas" con Merca.
José Antonio García estuvo contratado en Mass Media Channel entre 2007 y 2008 y recibió 9.300 euros. Carmen Rodríguez fue contratada en dos empresas de Juan Lanzas entre 2007 y 2009 y recibió 23.800 euros.
La magistrada eleva la exposición razonada con respecto a Gómez y a los demás no aforados porque entiende que debe salvaguardarse la "continencia" de la causa, porque los hechos no deben separarse para entenderse en su conjunto.
Este asunto forma parte del procedimiento sobre el delito societario de Mercasevilla pero también ha reunido información del caso de los ERE, por la investigación de las empresas de Juan Lanzas y su familia.
Cuando el Tribunal Superior estudie el asunto tendrá que decir si admite la competencia y si investiga a todas estas personas.