Reflejo de la realidad

Palencia

El pasado martes, las Cortes de Castilla y León aprobaron la “Ley de Altos Cargos” con los votos del Partido Popular y solo el apoyo de Ciudadanos.

La Ley pretende regenerar las instituciones en Castilla y León y establecen medidas como la limitación de mandatos, ciertas incompatibilidades para ser procurador y para realizar contratos (parece que generosas), causas de cese, un código ético y de austeridad…, etc.

Siendo loable el objetivo, la tramitación ha sido tortuosa y las severas críticas han sido no solo políticas, sino también jurídicas y hasta de advertencia de inconstitucionalidad por los propios letrados de las Cortes.

Lo cierto es que se crea una “Comisión de Ética Pública” presidida por un Consejero de la Junta, quien también nombra a otros tres miembros de este órgano, lo que hace que no nazca con la independencia necesaria.

Se critica también que algunas de las materias que regula la Ley son más propias del Estatuto de Autonomía que de una ley ordinaria; posiblemente sea así.

Más allá del análisis jurídico, quiero trasladaros mi preocupación por lo que, a mi juicio, constituye un reflejo de la realidad política en Castilla y León.

El proceso de aprobación de esta Ley ha evidenciado:

1.- Que existe un claro enfrentamiento dentro del Partido Popular en Castilla y León (probablemente con la vista puesta en la sustitución del Presidente del PP y de la Junta, Juan Vicente Herrera) y que las hostilidades se van desatando.

2.- Que sigue la política de gestos y apariencia, sin que se acometan los problemas reales. En este caso la necesaria regeneración de las instituciones y de la política en Castilla y León.

Para hablar de regeneración, con algún crédito, primero se tendrían que dar serias explicaciones y asumir algunas responsabilidades por lo ocurrido en los últimos veinte años.

3.- Que el IMPRESCINDIBLE CONSENSO, en asuntos de Comunidad ni existe ni se le espera.

Quizás esto sea lo más grave en estos momentos, en los que hace falta “política de verdad” en favor de los ciudadanos y no el espectáculo que seguimos contemplando.

El consenso siempre implica renuncias; el mayor esfuerzo y responsabilidad se exige al que gobierna, pero el compromiso debe ser de todos.

Estar a otras cosas, y pensar solo en el corto plazo y en los intereses propios, sectarios y partidistas, impide hacer la política que la gente demanda y necesita y que parece importar a muy pocos.

Lo ocurrido en esta Ley de Altos Cargos, es un reflejo de la realidad. De una realidad que necesita ser cambiada… y de qué manera.