Jueves, 06 de Mayo de 2021

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Pisos turísticos

Colau multa con 600.000 euros a Airbnb y Homeaway por pisos turísticos ilegales

Ofensiva del Ayuntamiento de Barcelona contra las compañías que ofrecen apartamentos turísticos al margen de la ley. El gobierno de Ada Colau anuncia multas de 600.000 euros a las plataformas Airbnb y HomeAway por seguir anunciando estos alojamientos

Airbnb mantiene una importante oferta de pisos turísticos en Barcelona, especialmente en el distrito de Ciutat Vella

Airbnb mantiene una importante oferta de pisos turísticos en Barcelona, especialmente en el distrito de Ciutat Vella / Cadena SER

En verano ya las sancionó con 30.000 euros cada por mismo motivo. Esta nueva multa, más cuantiosa, es por reincidencia. Según el Ayuntamiento, Airbnb anuncian 3.800 pisos sin licencia y HomeAway hace lo mismo con 1.700.

La concejala del distrito de Ciutat Vella, Gala Pin, espera que estas multas les haga cambiar de idea: "Tenemos que insistir en que Airbnb retire los anuncios ilegales que tiene en su web para que destrozan el parque de vivienda que está a disposición de los vecinos y vecinas. Es una medida contundente que debería contribuir efectivamente a que Airbnb y los diferentes operadores se avengan a ajustarse a la legalidad”

Además, también se están preparando sanciones de 30.000 euros a 9 portales más por no proporcionar la información que pide el Ayuntamiento. Serían Fotocasa, OnlyApartmens o Tripadvisor entre otros.

Airbnb ha anunciado que recurrirá la sanción, advierte que "esta es una decisión triste" asegura que "seguirá buscando el diálogo" con el consistorio. La plataforma ha recordado que hace menos de un mes se reunió con representantes del ayuntamiento barcelonés y que entonces se comprometió a "trabajar de manera conjunta con los intereses de la ciudad". En este sentido, Airbnb dice que "es parte de la solución en Barcelona" y que "quiere ser un buen aliado de las ciudades".

Por su parte, HomeAway presentará alegaciones al nuevo expediente sancionador y asegura que el marco jurídico comunitario los ampara pero que, en cambio, el consistorio les atribuye una responsabilidad mayor de la que les corresponde. En paralelo, lamentan la falta de voluntad de diálogo del Ayuntamiento de la capital catalana.

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