Sin brazos ni piernas y más de dos años en lista de espera para una residencia

Madrid

José, de 52 años, se quedó sin brazos y sin piernas tras enfermar en la cárcel, está infectado por VIH, padece hepatitis C y tiene que ser cuidado por su madre de 79 años, que está perdiendo la vista. Lleva tres años sin salir prácticamente de casa y se encuentra, desde hace más de dos, en lista de espera para entrar en un centro de discapacitados físicos de la Comunidad.

Nos recibió en su casa de Torrejón para contarnos su historia: José entró en prisión en septiembre de 2012 por robar para comprar drogas. A finales de ese año, después de enfermar en la cárcel y tras una supuesta negligencia médica, se le gangrenaron los cuatro miembros y se los tuvieron que amputar. "Yo bajé a la enfermería de la prisión con los dedos de la mano blancos y el médico me dijo que era un resfriado por el cambio de temperatura. Cuando volví a bajar y vieron cómo estaba, me mandaron directamente al hospital", explicaba el afectado.

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José salió del hospital y ya no pasó más tiempo entre rejas. Volvió a la casa de sus padres y comenzó a dar los primeros pasos para conseguir una plaza en una residencia para personas con discapacidad física. En junio de 2013, la consejería de Asuntos Sociales le reconoció una discapacidad del 96 % y, al mes siguiente, en el Programa Individual de Atención (PIA), resolvió que lo más adecuado para su atención era un "servicio de atención residencial para personas con discapacidad".

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Sin embargo, casi un año después, en junio de 2014, fue la propia Comunidad de Madrid quien le denegó la plaza alegando una "dependencia a sustancias tóxicas psicoactivas". José lo niega: "¿Cómo voy a consumir sustancias en mi estado? ¿Me las va a dar mi madre? llevo tres años sin salir de casa mirando por la ventana". Además, dice que no le hicieron ningún tipo de análisis para comprobar si consumía algún tipo de sustancia.

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La propia consejería tampoco confirma que las hiciera. Jorge Jiménez, director general de Atención a Personas con Discapacidad, explicó a la SER que no sabe si se realizaron las pruebas: "Desconozco si se le hizo alguna prueba o no". El argumento del director general es que le es imposible saberlo porque en esa época no estaba en el cargo. José se queja de que le prejuzgaron y que los procedimientos no fueron los correctos.

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En cualquier caso, Jorge Jiménez asegura que José accedió a la lista de espera, lo que significa que con un 96 % de discapacidad y sin familiares que puedan hacerse cargo de él, lleva desde 2014 esperando una plaza en una residencia.

En este tiempo, es su madre, Ana, quien cuida de él, pero no aguanta más: también tiene que atender a su marido, de 84 años y con Alzheimer. "¿Qué hacemos el día que yo no me pueda levantar?", se queja la madre.

José recibe una ayuda de la Comunidad de 520 € y el Ayuntamiento de Torrejón le puso una asistenta social que va una hora por la mañana cada día de la semana. Pero lo que quiere la familia es el ingreso en un centro. "La asistenta me afeita un día y me lava otro; pero no da tiempo a mucho más. El resto lo tiene que hacer mi madre", lamenta el afectado.

Hace unos meses decidieron recurrir a la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (FAMMA) para que mediase con la consejería, pero Jorge Jiménez asegura que debe ser la familia quien debe hablar con ellos: "Si el interesado no contacta con la Comunidad de Madrid, la Comunidad no contacta con esta persona". Pues bien, la normativa del Gobierno regional establece que, al menos una vez año, la consejería debe comunicar a los integrantes en la lista de espera su situación en la misma. "No han hablado conmigo desde que me denegaron la plaza hace dos años", afirma José.