Los abogados recurrirán el decreto de asistencia de justicia gratuita

Zaragoza

El Colegio de Abogados de Zaragoza impugnará el Decreto del Gobierno de Aragón que reforma la asistencia jurídica gratuita. Dicho texto, dicen, no recoge ninguna de las alegaciones que hicieron en su día pero sí un sustancial recorte presupuestario del 60% que llevaría incluso a que buena parte de este servicio público tuviese que ser financiado con las cuotas que los propios letrados pagan al Colegio.

Este nuevo documento no aborda el problema de la asistencia jurídica gratuita para las personas jurídicas o su denegación cuando el solicitante no presenta la documentación requerida.

La reducción de esos fondos la cifran en un 60%: "Hasta ahora, con esos 600.000 euros, se hacía frente al pago de los 7 empleados que tenía el colegio, a los gastos de infraestructura y se pagaba el servicio de orientación jurídica", remarca Antonio Morán, decano del Colegio de Abogados de Zaragoza. Con la dotación "que ahora tendríamos, el recorte sería de 360.000 euros", añade.

El recurso lo presentarán antes de que finalice el año, y posiblemente se unan el resto de colegio de abogados de Aragón y los procuradores.

Si finalmente sigue adelante lo que plantea este decreto, "tal y como está redactado, la conclusión es que los abogados con sus propias cuotas colegiales, estarían financiando parcialmente lo que supone un servicio público y eso no es de recibo" porque "eso es una responsabilidad de la administración territorial". La solución "era hacer un cálculo de cuánto suponen y simplemente asumirlos". 

Algo inadmisible y que pasaría por ejemplo por reducir el tiempo de funcionamiento del Servicio de Orientación Jurídica, limitando la atención a los ciudadanos solicitantes de la asistencia jurídica gratuita.