El PP pide reabrir la causa de la formación
Ha tenido conocimiento de que existen dos despachos precintados en el SAE con documentación relativa al procedimiento
EFE
Sevilla
El PP-A ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que reabra la pieza 'política' de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía tras haber tenido conocimiento de que la Guardia Civil mantiene precintados dos despachos en las antiguas oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Sevilla que contienen una documentación "hasta ahora desconocida" y que "podría afectar a la causa".
En un escrito elevado al Juzgado este mismo viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación que ejerce el PP-A realiza esta petición tras tener conocimiento de la existencia de estos despachos precintados a través de un escrito de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de fecha 7 de noviembre de 2016 "y suscrito por la secretaria general María Luz Fernández Sacristán".
En este sentido, el PP-A pone de manifiesto que, a través de dicho escrito, ha conocido que por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "se procedió al precinto de distintas dependencias administrativas" del SAE ubicadas en la antigua sede de este organismo en la capital hispalense, en concreto los despachos 1D22 y 1D23, "en los cuales obran expedientes archivados".
Por todo ello, solicita a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla que reabra la causa archivada el pasado 11 de octubre y le de traslado de toda la documentación obrante en los despachos precintados.
LA JUNTA SOLICITA EL DESPRECINTO DE LOS DESPACHOS
En su escrito, la Consejería del ramo informa de que, el día 19 de agosto de 2014, la UCO procedió al precinto de estos dos despachos, añadiendo que, en el ejercicio de su facultad de organización, el SAE "ha iniciado los trámites para el traslado definitivo de dicha sede" en Sevilla capital, "y por tanto de los recursos materiales existentes" en estas instalaciones.
Por ello, y como quiera que la juez archivó la pieza 'política' de la formación el pasado 11 de octubre, la Junta solicita a la magistrada "el acceso y desprecinto de los distintos despachos que permita tanto el traslado de los expedientes allí archivados, como las actuaciones que hayan de realizarse con los referidos expedientes".
El pasado 11 de octubre, la juez María Núñez Bolaños archivó la pieza 'política' de los cursos, como es la que afecta a 24 exdirigentes del SAE, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas, al entender que "no se ha constatado la existencia de una red clientelar" y que únicamente se habrían producido "posibles irregularidades administrativas".
EL ESCRITO DE ANTICORRUPCIÓN
El escrito del PP-A se conoce el mismo día en que la Fiscalía Anticorrupción le ha acusado de "volver a enmarañar" la pieza 'política' de los cursos "con la petición de un nuevo plazo para recurrir" el auto de archivo, "y ahora con la excusa de no tener copias de las grabaciones" celebradas en esta causa.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público se pronuncia de este modo después de que la acusación que ejerce el PP-A haya recurrido una providencia en la que la magistrada rechazó suspender el plazo para recurrir el auto de archivo hasta que le fueran entregadas al PP-A las copias de las grabaciones de las declaraciones prestadas en la causa.
En su recurso, el PP-A considera dicha providencia "nula de pleno derecho" dado que la juez "la ha dictado teniendo el deber de abstenerse de dictar cualquier resolución en la presente causa hasta que se resuelva la recusación promovida" por los 'populares'.
A juicio de la Fiscalía, "resulta sorprendente que se traiga aquí y ahora a colación el deber de abstención cuando no consta que el PP haya recusado a la magistrada", ya que, "ciertamente, se interpuso un escrito confuso de 'recusación administrativa', así se llamaba, para lo que según se alegaba era la entrega de las copias de las grabaciones".
Por ello, la Fiscalía critica que el PP-A "de nuevo vuelve a enmarañar la cuestión con la petición de nuevo plazo para recurrir, y ahora con la excusa de no tener copias de las grabaciones, trayendo de nuevo a colación una recusación fuera de toda regulación legal y que se utiliza de nuevo de manera artera para mantener vivo un procedimiento sin entrar sobre el fondo del asunto".
