Condenados los dos ex alcaldes de Rota por el 'caso Uniformes'
Pena de cárcel para Lorenzo Sánchez e inhabilitación para Eva Corrales
La exalcaldesa de Rota, Eva Corrales / Cadena SER
Cádiz
El ex alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez, de Roteños Unidos, ha sido condenado a un año y medio de prisión por prevaricación en el caso Uniformes, cuyo fallo se acaba de conocer. Su sucesora, Eva Corrales, ya dimitida por el caso Horas Extras, del PP, ha sido condenada a siete años de inhabilitación para cargo público. El ex alcalde de Chipiona, Antonio Peña, del PP, ha sido absuelto, así como los funcionarios acusados.
Así lo recoge la sentencia del 'caso uniformes' difundida hoy por la sección cuarta de la audiencia de Cádiz, tras un juicio en el que se ha analizado la concesión de contratos para la compra de material para los operarios del Ayuntamiento de Rota (uniformes, cascos, botas) a una cooperativa encargada de su fabricación y una empresa dedicada a su distribución y venta.
En ambas aparecía el entonces alcalde de Rota Lorenzo Sánchez como socio fundador. La empresa se pudo adjudicar contratos por cerca de 800.000 euros.
Para Lorenzo Sánchez la Fiscalía solicitó en sus conclusiones una pena de cinco años de cárcel y doce de inhabilitación por los delitos de prevaricación continuada, gestión interesada y falsedad documental, Por su parte, la defensa de Lorenzo Sánchez pidió su libre absolución al considerar que no están probados los hechos que se imputan.
Además, la Fiscalía pidió nueve años de inhabilitación para el exalcalde de Chipiona, Antonio Peña, concejal en Rota en los años investigados, quien habría validado las compras con su voto como miembro del gobierno local. Para la exalcaldesa de Rota Eva Corrales, del PP, la Fiscalía pidió cinco años de prisión y nueve de inhabilitación.
También en este caso, su defensa reclamó su absolución al argumentar que no era conocedora de los hechos que se habrían seguido desarrollando durante su mandato.
Corrales está también pendiente de entrar en prisión por el 'caso horas extras'. El Tribunal Supremo la ha condenado a 4 años y medios de cárcel como autora de un delito de falsedad en documento oficial y otro continuado de prevaricación administrativa por realizar pagos ilegales en un funcionario municipal.
