El Govern espera aplicar la ley de alquiler turístico antes del próximo verano
El Ejecutivo incrementará la inspección en 2017 y prevé recaudar hasta 7 millones de euros
Cadena SER
Palma de Mallorca
El Govern confía en que antes del próximo verano pueda entrar en vigor la nueva regulación de alquiler turístico con el objetivo de establecer un techo real de plazas y regular la comercialización de viviendas vacacionales.
El texto se encuentra en estos momentos a debate y el conseller de Turismo, Biel Barceló, reconoce que es imposible satisfacer a todos los sectores.
El borrador de la Ley de Turismo del Govern no permitirá el alquiler vacacional si los vecinos de la comunidad se oponen. En ese sentido Barceló deja claro que puede crear cierta controversia por lo que dice que están abiertos al debate.
Sobre el límite de plazas turísticas establecidas por los consells, en Mallorca en estos momentos hay 43.000 disponibles, en Ibiza unas 10.000, en Menorca unas 6.000 (aunque reguladas por urbanismo) y ninguna en Formentera.
Uno de los cambios que se introduce es que al darse de baja una plaza solo quedará esa libre y no dos como ocurre en la actualidad.
Además, el texto obligará a que los edificios que se oferten tengan una antigüedad mínima de diez años y también tendrán que estar registrados para poder anunciarse en portales web. En ese sentido, las sanciones por alquilar una vivienda sin estar registrada pasan de los 4.000 euros la cuantía mínima y sube desde los 20.000 a 40.000 euros.
Por cierto, que el conseller ha anunciado que se incrementará la inspección contra el alquiler turístico ilegal con la incorporación de 5 nuevos inspectores para poder llegar a los 20 en 2017.
Además, el Govern prevé pasar de 700.000 euros a 7 millones la recaudación por sanciones por la oferta de alojamiento ilegal.
En Podemos, precisamente la portavoz parlamentaria, Laura Camargo, ha reclamado que se destine una mayor partida presupuestaria para la inspección y se reduzca de la cifra de promoción turística.
Un texto que desde Podemos aseguran que están estudiando y que lo único que exigen es que no se incremente el número de plazas y que se luche contra la especulación inmobiliaria.
En el PP, el diputado Álvaro Gijón, rechaza prácticamente la totalidad de los puntos que se introducen y habla de irresponsabilidad política.
